Francisco Romero
Rebelión


Como se esperaba, dada la complicidad abierta y el acompañamiento y sustento del régimen golpista al candidato liberal Elvin Santos y a la incapacidad de éste para responder ante el clamor de las bases de su partido para que apoyara la restitución del presidente legítimo Mel Zelaya, los votantes -que apenas llegan al treinta y cinco por ciento- eligieron a Pepe Lobo, candidato del partido conservador nacionalista. Si bien, esto significa una lección brutal para la facción del golpismo que ejerce el poder ilegalmente, también significa que no es posible gobernar ahora sin considerar a la resistencia como la fuerza de oposición más fuerte que jamás ha existido. En otras palabras, la resistencia ha sepultado al bipartidismo.

Si vemos los números que hasta ahora salieron a luz publica, el candidato nacionalista Pepe Lobo, obtuvo hasta ahora, si acaso entre el 18 y 20% de los votos. Su opositor, apenas la mitad de eso. El llamado de la resistencia a la abstención sin lugar a dudas es el más claro ganador con más de 60% de los votantes. Este resultado debe leerse a la luz de que no será posible -para el candidato favorecido por la tendencia- gobernar sin considerar la contundencia del resultado del llamado de la resistencia que triplica el numero de votos con los que será ungido el nuevo presidente. ¿Qué gobierno puede tener la legitimidad para gobernar con estos resultados? ¿Tendrá Pepe Lobo la sagacidad y la valentía para reconocerlo?

Estas preguntas son sólo el preludio de las dificultades que enfrentará un gobierno tan débil como el que encabezaría Pepe Lobo. Ha sido público el apoyo del grueso del empresariado a su opositor. También se ha mencionado que el candidato liberal era el favorito de “la embajada”, al considerarlo uno de los suyos y el más confiable. Pepe tiene en su historial ciertas “manchas” que lo vuelven un tanto indescifrable. El hizo público su apoyo a la cuarta urna que impulsaba el presidente Zelaya previo al funesto golpe de estado. Y ya que lo mencionamos, el precedente funesto del golpe de estado, será como una espada de Damocles que penderá sobre su cabeza y que no le permitirá hacer las cosas que quiera.

Tiene también otras cosas de que preocuparse. En la campaña anterior, Pepe basó su campaña en la política de Mano Dura, la que incluyó entonces la pena de muerte como la panacea con la que ofreció acabar con la inseguridad y la violencia. Su figura mas importante en esto fue y sigue siendo Oscar Álvarez, un militar en retiro, sobrino del brutal asesino de detestable memoria, Gustavo Álvarez, cuyo historial esta marcado de escándalos por narcotráfico, trafico de armas, entre otras. Por supuesto, este historial ha sido ocultado adrede para no mancharle su hoja de vida, pues como han sido las cosas en Honduras, ya le van construyendo una imagen de presidenciable. Cosas veredes Sancho amigo.

Este ilustre caballero es el que con más probabilidad asumirá nuevamente el rol de ministro de seguridad. En el contexto en que la resistencia será sin dudas la mayor fuerza política que tendrá encima controlando sus acciones, movilizando su fuerza y haciendo lo posible por la realización de la Asamblea Constituyente, este personaje, utilizará, sin dudas, todas los recursos y estrategias que le permitan echar a andar sus planes para acabar con tan incomoda oposición.

Por otro lado, la principal debilidad de Pepe es indudablemente que dentro de su mismo partido, él no es considerado confiable, no porque no tenga militancia probada, ni porque no tenga la experiencia acumulada. Esto es un asunto de clase. Por eso, algunos sectores de su propio partido prefirieron votar por el candidato liberal, porque Pepe no es considerado de su clase. No es cosa de plata –porque el la tiene suficiente- es una cosa de pertenencia de clase. Muchos lo ven con desdén, pues es un hombre del campo, indigno de la sangre azul que algunos –en pleno siglo veintiuno- aun creen tener. Esto es la expresión del fascismo que hoy nos gobierna.

Ahora que se van constituyendo coordinaciones, alianzas, redes que nos llevan casi sin duda al frente amplio. La lucha que se nos viene por delante es aquella por la vigencia y defensa de los derechos humanos. El saldo del golpe que será heredado por el precario e ilegitimo nuevo gobierno, será la papa caliente para Pepe. Si lo dejan llegar, le tocará rápidamente asumir el dialogo con Mel y con la Resistencia en vistas a establecer la constituyente. La realidad contundente que estableció la resistencia este día no puede ser soslayada como muchos golpistas que no vale la pena mencionar, quisieran. El dilema planteado por las demandas por violaciones a derechos humanos ante instancias internacionales, dada la indefensión interna por la complicidad de la institucionalidad de justicia, será la brasa que Pepe deberá pasar de mano rápidamente. Sí se equivoca en esto, no habrá forma de gobernar con cierta tranquilidad. La resistencia no le permitirá que no decida sino, por el enjuiciamiento de los criminales. Estos a su vez, conspiraran para protegerse, ahora que saben que no pueden andar por el mundo impunemente cuando a aquellos que quieren emular, han sido enjuiciados y encarcelados con largas penas.

Si algo quedó claro en este proceso espurio, aún en contra de toda la institucionalidad que se ha vuelto cómplice del golpe y sus consecuencias, es que el Frente Nacional de Resistencia, es el sepulturero del bipartidismo en Honduras. Ya nada podrá hacerse sin considerar su concurso y su opinión. Sólo es cosa de tiempo, pero más temprano que tarde, el frente amplio y después, un partido de clases, de los pobres, surgirá de su seno, para poner el ultimo clavo en el ataúd de la sociedad clasista y excluyente que ha dilapidado la riqueza que debe estar al servicio de la población hondureña, especialmente de los más pobres.

Eva Golinger
Rebelión


“¿Qué vamos a hacer?, ¿quedarnos sentados durante cuatro años y simplemente condenar el golpe?” –declaraciones de un alto oficial del Departamento de Estado en Washington ayer.

Las verdaderas divisiones en América Latina –entre la justicia y la injusticia, democracia y dictadura, derechos humanos y derechos de corporaciones, poder popular y dominación imperial– nunca han sido tan visibles como hoy. Los movimientos de los pueblos por toda la región para transformar sistemas corruptos y desiguales que han aislado y excluido a la mayoría de las naciones latinoamericanas, hoy están tomando con éxito el poder de forma democrática y construyendo nuevos modelos basados en la justicia económica y la justicia social. Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador están en la vanguardia de estos movimientos, mientras que otras naciones, como Uruguay y Argentina, se están moviendo a paso un poco más lento hacia el cambio.

Históricamente, la región ha estado plagada de una injerencia brutal de Estados Unidos, la cual ha buscado a toda costa dominar y controlar los recursos estratégicos y naturales de este territorio abundante. Con la excepción de la desafiante revolución cubana, Washington logró instalar regímenes títeres por toda América Latina a finales del siglo XX. Cuando Hugo Chávez ganó la presidencia en 1998 y la revolución bolivariana comenzó a florecer, el balance del poder y el control imperial sobre la región se debilitaban. Ocho años del gobierno de George W. Bush trajeron de nuevo los golpes de Estado a la región, en Venezuela en 2002 contra el Presidente Chávez y en Haití en 2004 contra el Presidente Aristide. El primero fue derrotado por una insurrección popular masiva del pueblo, y el segundo logró secuestrar y derrocar a un presidente que ya no convenía a los intereses de Washington.

A pesar de los esfuerzos de la administración de Bush para neutralizar la expansión de revolución en América Latina por medio de golpes, sabotajes económicos, guerra mediática, operaciones psicológicas, intervención electoral y un incremento en la presencia militar, naciones justo a la frontera estadounidense, como Honduras, El Salvador y Guatemala eligieron presidentes con tendencias izquierdistas. La integración latinoamericana se consolidó con UNASUR y ALBA, y las garras del poder de Washington comenzaron a desaparecer.

Henry Kissinger dijo en los años setenta: “si no podemos controlar a América Latina, ¿cómo vamos a dominar al mundo?”. Esta visión imperialista está muy vigente hoy. La presencia de Obama en la Casa Blanca fue vista de forma errónea por muchos en la región como un señal de un final a la agresión estadounidense en el mundo, y especialmente aquí, en América Latina. Por lo menos, muchos pensaban que Obama disminuiría las crecientes tensiones con sus vecinos en el sur. Por cierto, el mismo, el nuevo presidente de Estados Unidos, hizo alusiones a tales cambios.

Pero ahora, la estrategia del “Smart Power” (poder inteligente) de la administración de Obama ha sido desenmascarada. Los abrazos, intercambios de manos, sonrisas, regalos y promesas de “no más intervención” y “una nueva era” realizadas por el Presidente Obama mismo ante los líderes de las naciones latinoamericanas durante la Cumbre de las Américas en Trinidad en abril pasado, se han convertido en cínicos gestos de hipocresía. Cuando Obama llegó al poder, la reputación de Washington estaba decayendo. Los intentos débiles de “cambiar” la relación Norte-Sur en las Américas han resultado en una situación peor, reafirmando que la visión de Kissinger sobre la importancia de controlar ésta región es una política de estado de Washington que no depende de ningún partido o jefe de estado.

El papel de Washington en el golpe en Honduras contra el Presidente Zelaya ha sido evidente desde el primer día. El financiamiento continua a los golpistas, la presencia militar del Pentágono en Soto Cano, las constantes reuniones entre funcionarios del Departamento de Estado y el embajador de EEUU en Honduras, Hugo Llorens, con los golpistas, y los intentos cínicos de forzar una “mediación” y “negociación” entre los golpistas y el gobierno legítimo de Honduras, son evidencias contundentes sobre las intenciones de Washington de consolidar esta nueva forma de “golpe inteligente”. La insistencia pública inicial del gobierno de Obama sobre la legitimidad de Zelaya como presidente de Honduras rápidamente desapareció luego de las primeras semanas del golpe. Los llamados para la “restitución del órden democrático y constitucional” en Honduras fueron cambiadas por cuchicheos débiles repetidos por las voces monótonas de los voceros del Departamento de Estado.

La imposición del presidente de Costa Rica, Oscar Árias – una ficha de Washington – para “mediar” la “negociación” ordenada por Washington entre los golpistas y el Presidente Zelaya fue un circo. Del primer momento, era obvio que el Departamento de Estado estaba promoviendo una estrategia de “ganar tiempo” para consolidar el golpe en Honduras. La falta de sinceridad de Árias y su complicidad en el golpe fue evidente desde la misma mañana del violento secuestro y el exilio forzado de Zelaya. Altos funcionarios del Pentágono, el Departamento de Estado y la CIA presentes en la base de Soto Cano, controlada por Washington, arreglaron el transporte de Zelaya a Costa Rica. Árias había ya expresado su disposición, de forma servil, para refugiar al presidente ilegamente exiliado y de no detener a los secuestradores que pilotearon el avión que –en violación del derecho internacional– llegó al territorio costarricense.

Hoy, Óscar Arias ha hecho un llamado a todas las naciones del mundo para “reconocer” a las elecciones ilegales e ilegítimas que están tomando lugar en Honduras. ¿Por qué no?, ha dicho Árias, si no hay fraude o irregularidades, ¿por qué no reconocer a un nuevo presidente? El Departamento de Estado y hasta el propio presidente Obama han dicho lo mismo y están llamando –presionando – a sus aliados de reconocer a un nuevo régimen en Honduras, elegido bajo una dictadura. El fraude y las irregularidades ya están presentes, considerando que hoy, ninguna democracia existe en Honduras que permitiría las condiciones adecuadas para un proceso electoral. Y el Departamento de Estado admitió hace dos semanas que están financiando activamente el proceso electoral y las campañas electorales en Honduras desde hace tiempo. Y los “observadores internacionales” enviados para dar credibilidad al proceso ilegal en Honduras son todas agencias y agentes del imperio. El Instituto Republicano Internacional (IRI), y el Instituto Demócrata Nacional (NDI), dos agencias creadas para filtrar el financiamiento de la USAID y la NED a partidos políticos en el exterior para promover la agenda estadounidense, no solamente financiaron a los grupos involucrados en el golpe de estado en Honduras sino ahora están “observando” las elecciones. Grupos terroristas como UnoAmerica, dirigido por el golpista venezolano Alejando Peña Esclusa, también han enviado “observadores” a Honduras. Y el terrorista criminal miamero-cubano Adolfo Franco, antiguo director de la USAID, es otro “pesado” en la lista de los observadores electorales hoy en Honduras.

Pero la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Centro Carter, que no son entidades “izquierdistas”, han condenado al proceso electoral en Honduras como ilegítimo y rechazaron enviar observadores. Lo mismo lo han hecho las Naciones Unidas y la Unión Europea, tanto como la UNASUR y el ALBA.

Washington está sólo, junto a sus regímenes títeres en Colombia, Panamá, Perú, Costa Rica e Israel, como las únicas naciones que públicamente han indicado su reconocimiento del proceso electoral en Honduras. Un alto funcionario del Departamento de Estado declaró ayer al Washington Post: "¿Qué vamos a hacer, quedarnos sentados durante cuatro años y simplemente condenar al golpe?". Bueno, Washington se ha quedado sentado durante 50 años rechazando reconocer al gobierno cubano. Pero eso es porque el gobierno de Cuba no le conviene a Washington. Y el régimen dictatorial en Honduras sí le conviene.

El movimiento de resistencia en Honduras está boicoteando las elecciones, llamando para la abstención masiva del proceso ilegal. Las calles de Honduras han sido tomadas por miles de militares, bajo el control del Pentágono. Con armas avanzadas de Israel, el régimen golpista está preparado para reprimir y brutalizar de forma masiva a los que resisten el proceso electoral. Debemos mantener nuestra vigilancia y solidaridad con el pueblo de Honduras frente al peligro inmenso que lo rodea. Las elecciones de hoy en Honduras constituyen un segundo golpe de estado contra el pueblo hondureño, esta vez abiertamente diseñado, promovido, financiado y apoyado por Washington. Sin importar el resultado de las elecciones, no habrá justicia para Honduras hasta que cese la injerencia imperial.

Por Carlos Augusto Hernández Alvarado
Abogado y notario
carlosaugusto69@yahoo.com
Especial para Arlequín

Si partimos de la base que estamos en un Estado de Derecho, los ciudadanos o grupos de ciudadanos tenemos garantizados los derechos a la libertad de expresión, de
pensamiento, de conciencia en los artículos 72 y 74 de la Constitución de la
Republica de Honduras, por consiguiente, en ese marco de la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia, se hace el llamamiento a votar a los ciudadanos; ahora bien, indistintamente que el derecho al sufragio es un deber tal como lo establece el artículo 40 de la Constitución, tal como lo he manifestado en otras ocasiones, ese deber, es correlativo de un derecho al sufragio, tal como lo señala el artículo 44 del mismo cuerpo legal, y como derecho consecuentemente es exigible que el mismo se efectúe en el marco de la legalidad y legitimidad, este último, principio rector señalado en el artículo 2 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas Hondureñas, (Si dos Magistrados del actual Tribunal Electoral están ocupando cargo contraviniendo el artículo 52 de la Constitución, si el gobierno es ilegítimo por violentar el artículo 3 de la Constitución, si la cúpula militar policial está involucrada en esa ilegitimidad de gobierno, para cumplir con el artículo 272 de la Constitución con respecto a su rol en las elecciones, es difícil que yo como ciudadano cumpla con el artículo 40 del deber
de acudir al sufragio).

En la ley Electoral y de las Organizaciones Políticas del artículo 208 al 212 señala los delitos y faltas electorales, sumado a lo que establece el artículo 337 del Código Penal sobre la sedición en su numeral 1 de: "impedir celebrar las elecciones" si analizamos esos cuerpos legales que señalan los delitos electorales, "el llamar a no votar no esta considerado un delito", algo de sabiduría tienen estas leyes, porque de manera inherente si existiera esa prohibición estarían coartando la libertad de expresión, de pensamiento y conciencia de los ciudadanos o grupos de ciudadanos que no desean acudir a las urnas, máxime con aquellos ciudadanos que estamos convencidos de la ilegalidad e ilegitimidad del proceso electoral, ahora bien indistintamente de la ilegalidad e ilegitimidad del proceso si yo obstruyo, coacciono, amenazo, atento, destruyo el proceso en marcha es posible, que esté dentro de los elementos típicos de los delitos electorales o de otro tipo de delito.

Si el régimen de facto y los golpistas pretender legitimar el Golpe de Estado con elecciones, hubiera sido interesante que se le hubieran dado oportunidad al bloque que se opone al Golpe de Estado para que pudiera hacer propaganda de manera correcta y legitima del llamamiento a no votar en virtud de que no es un delito y así verificar en el proceso de las urnas cuan legitimado es el resultado conforme a los votantes que acudan a decidir en ese proceso. La consecuencia central de esta apreciación es que el llamado a no votar en ninguna parte de la estructura legal hondureña es constitutivo de delito, si lo hago respetando y creando conciencia político ciudadana en el marco democrático.

Alejandro Manrique Soto
Rebelión


El plan del gobierno hondureño de facto va ganando terreno. La fecha de las elecciones presidenciales se aproxima y la situación derivada del golpe de Estado continúa prácticamente igual. El gobierno de Micheletti ha sabido prolongar el tiempo para que nada suceda, para que no se cumpla con el plan de Tegucigalpa-San José, el cual plantea como punto principal la restitución del presidente Zelaya al cargo, y de esta manera se lleven a cabo las elecciones el 29 de noviembre y con eso se trate de dar borrón y cuenta nueva a la situación general del país y sobre todo se intenten restablecer relaciones diplomáticas con los países de la comunidad internacional.

El gobierno golpista de Micheletti ha ignorado una vez más los acuerdos que, con la intervención de enviados internacionales que mediarían en la crisis, tratarían de destrabar las pláticas que se habían dado al interior del país. El más grave de todos es el desconocimiento del más reciente acuerdo en el cual las partes del conflicto habían quedado en la creación de un “gobierno de unidad nacional” integrado por miembros de los dos grupos en pugna pero con el presidente Zelaya a la cabeza como presidente del país. Esta fórmula era de por sí totalmente impositora ya que maniataba cualquier decisión del presidente Zelaya dirigida a continuar con su plan de democratizar las instituciones y la legislación hondureña.


El acuerdo fue aceptado en términos generales y traicionado a los pocos días de su creación. El punto central era la restitución de Zelaya en la presidencia y la conformación del nuevo gabinete, pero el gobierno de facto no cumplió con lo pactado y ante la real falta de presión por parte de la comunidad internacional y de, hay que decirlo, del movimiento de resistencia hondureño, el cual no ha logrado reunir la fuerza suficiente para cambiar la correlación de fuerzas a su favor, los golpistas se dieron el lujo, de manera cínica, de anunciar que el nuevo gobierno de unidad nacional estaba bien y que sería encabezado por Roberto Micheletti, el propio presidente de facto.

Frente a esta situación podemos ver con mayor claridad lo que desde un principio se lograba vislumbrar con la firma del pacto de San José auspiciado por el presidente costarricense Oscar Arias y detrás de él la secretaria de Estado de EUA Hillary Clinton, a saber, la creación de comisiones, encuentros, pláticas, reuniones, gestiones, intervenciones, diálogos y etcéteras, con el objetivo de ganar tiempo para que primeramente el gobierno de facto se asentara y afianzara en el poder y después, una vez logrado esto, dejar correr el tiempo para que llegara la fecha en que se realicen las elecciones en el país.

La estrategia de los golpistas y sus aliados, tanto dentro como fuera del país, ha ido dando el resultado esperado. El inicio de las campañas electorales lleva ya más de un mes, y su desarrollo ha sido gris y descolorido pero eso es lo que menos les importa a los oligarcas, políticos y militares que detentan el poder real en Honduras. Aquí lo central es que se realicen las elecciones sea como sea y se dé un “aval” a quien salga triunfador para presentarlo frente a la comunidad internacional como la solución al conflicto y la salida a la crisis generada con el golpe de Estado, y de esta manera dar la vuelta a la página y continuar manteniendo en Honduras una situación de dominio, privilegios, autoritarismo, explotación, monopolios y opresión, pero ahora con el cobijo de un gobierno surgido de un supuesto proceso electoral apegado a la ley y en espera del reconocimiento internacional.

Hacia el 29 de noviembre se encaminan los esfuerzos del gobierno dictatorial de Micheletti y su camarilla de facto. Ven en esa fecha la oportunidad de salir ilesos y con ganancias de la aventura a la que se lanzaron cuando decidieron derrocar por la fuerza y el apoyo de las fuerzas armadas al presidente Zelaya y romper así el orden constitucional de ese país centroamericano. Lo que ahora esperan es que se desarrollen las elecciones y se elijan los nuevos gobernantes, elecciones que no está de más decirlo estarán organizadas a modo y por lo tanto se pueden calificar desde ahora de fraudulentas por el hecho de que no se desarrollarán dentro del marco de la constitución del país, ni el reconocimiento de la comunidad internacional, sino que serán organizadas, planeadas y truqueadas por un gobierno surgido de un golpe de Estado.

Por Guillermo Almeyra
La Jornada

Como era previsible, el involucramiento del Departamento de Estado y del Pentágono en la preparación del golpe de Estado que destituyó al presidente hondureño Manuel Zelaya llevó, lógicamente, a ganar tiempo para llegar a una farsa electoral organizada y presidida por los golpistas para perpetuarse en el poder.

Barack Obama reconoció a Zelaya como único presidente, al igual que la ONU y la OEA, pero el establishment estadunidense, los republicanos y la derecha de los demócratas, Hillary Clinton y su clan, y el Pentágono, protegieron y salvaguardaron a los golpistas de Tegucigalpa y reconocen ahora unas “elecciones” que son la continuidad y la culminación del golpe y esperan legitimarlo.

Si Estados Unidos hubiese congelado el envío de las remesas de los hondureños y todos los bienes de los “ golpistas, y hubiese retirado todo su apoyo a Honduras, además de aplicarle un bloqueo como el que perpetra contra Cuba, Micheletti y su banda no hubiesen durado ni una semana. Pero los pedidos de Zelaya a Washington para que interviniese en favor de la legalidad pisoteada llegaban a los oídos de los promotores de siempre de los asesinatos de presidentes latinoamericanos y de los promotores de golpes de Estado y dictaduras.

La famosa “era Obama” es, en efecto, un invento de los medios de información pues el presidente, considerado advenedizo por los poderes de hecho, no puede modificar la política imperialista de Estados Unidos con la que tiene, además, sólo algunas diferencias tácticas. Es más: el golpe de Honduras y el apoyo a las seudoelecciones organizadas por los golpistas se inscriben en una política que llevó a crear cuatro bases militares en Panamá y siete en Colombia, desde las cuales puede agredir a cualquier país de Sudamérica y a desplegar la IV Flota en aguas latinoamericanas, además de reforzar el Plan Mérida y el Plan Colombia y de preparar la “hondurización” de Nicaragua y Paraguay, así como el hostigamiento militar contra Venezuela.

Aunque los golpistas llenen ahora sus urnas con votos inexistentes para tratar de ocultar el boicot y la gran abstención que se sumarán el 29 de noviembre para hacer que las elecciones sean nulas, no podrán evitar que el “presidente” fantoche y los congresistas espurios así elegidos sean ilegales e ilegítimos, no sólo para los hondureños sino también para la ONU, la OEA y buena parte de la opinión pública internacional (la de derecha considerará “normal” el proceso y miles de millones de personas, entre otros, los chinos, ni saben ni sabrán siquiera lo que pasa en Honduras o dónde queda este país).
Cerrada así la vía de la mediación internacional y de los recursos institucionales, sólo queda la de la extensión y profundización de la resistencia popular, o sea, la misma vía seguida anteriormente por bolivianos y ecuatorianos para derribar al gobierno de la oligarquía y abrir el camino a una asamblea constituyente que reorganice el país y garantice los derechos de los indígenas, los campesinos y los trabajadores en general. Comprometidos con el golpismo (o con sus elecciones fraudulentas) los partidos tradicionales, sólo queda, como en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela, la unificación de los grupos de la resistencia popular y los sindicatos campesinos y obreros clasistas en un movimiento-partido, amplio y polifacético, para dirigir la lucha.

La legalidad, la restitución de Zelaya como presidente, será sin duda bandera principal del primer momento de la misma, pero la dinámica de las movilizaciones tenderá a superar los cálculos y las vacilaciones de Zelaya, que mira con un ojo las movilizaciones (que intenta controlar) y con el otro a un sector del Partido Liberal y al Departamento de Estado. Lo que decidirá el futuro de Honduras no será Zelaya sino el particular zelayismo, cada vez más audaz e independiente, de quienes se oponen al golpe gorila.

Éstos –los integrantes del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, que se apoyan en indígenas y campesinos y plantean ya la convocatoria de una asamblea nacional constituyente democrática y popular– tienen un gran bagaje político. Sufrieron y resistieron el golpe de Estado de 1972 y fueron masacrados en 1980, entre otros por el padre de Zelaya. En 2000 formaron el Bloque Popular y organizaron la resistencia campesina contra el Tratado de Libre Comercio y entre ellos tiene gran peso Vía Campesina, con una trayectoria internacionalista y radical y el Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano (Moicam), así como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (Cloc). Además, por el golpe y por la sequía, los campesinos no han podido sembrar y por la crisis no pueden emigrar a Estados Unidos; de modo que para ellos la alternativa es la hambruna o la lucha.

El apoyo internacional, sobre todo latinoamericano, a este combate heroico de los hondureños no sólo ayudará, por tanto, a prevenir otros golpes anunciados en otros países sino también a acortar los plazos para el fortalecimiento de la resistencia y para abrir una espiral “boliviana” (movilizaciones que expulsan a una dictadura, elecciones libres, constituyente, nuevas movilizaciones y elecciones para reorganizar el país).

Por Marco Antonio Madrid
Escritor y catedrático universitario
madrizel2005@yahoo.com

"Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado de continuo anda amarillo. Que pues doblón o sencillo hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero”. Así comienza el conocido poema de Francisco de Quevedo, uno de los poetas que junto con Góngora hizo escuela en la poesía española del Siglo de Oro. En la antigüedad, el escritor y senador romano Marco Tulio Cicerón sostenía que no hay fortaleza en el mundo que no pueda ser tomada por el dinero. Casi en los mismos términos, pero con indudable sorna, un militar gringo aseguraba que en nuestros pueblos no hay general que aguante un cañonazo de cincuenta mil dólares. En Honduras, la cúpula militar no lo deja mentiroso, pues, que sepamos, ha soportado dos: el de la cuarta urna, el del golpe de Estado y se aprestan a mantenerse firmes y heroicos ante un tercer cañonazo no sé de cuántos millones para las elecciones del 29. Bueno, que todo sea por la democracia.

Ahora mismo, en pleno delirio electoral, Elvin Santos, el candidato “del empleo”, acaba de comenzar la fiesta poniendo dinero no en los bolsillos de los pobres, como reza su propaganda, sino en los de Marlon Lara, su director nacional de campaña, al que le prometió de viva voz –tal cual consta en una grabación difundida en la red- sesenta y nueve millones del erario nacional para el viernes con los cuales pagar gastos de campaña sólo en el departamento de Francisco Morazán. ¡No se preocupe, líder! Todos entendemos que vivir en paz y libertad tiene su precio.

Este desvío de fondos públicos a la campaña de Elvin Santos, con el obvio consentimiento de los nacionalistas que forman el actual gobierno de facto, señala con claridad meridiana que el ungido por la cúpula golpista es el “candidato del empleo”. Los pétreos del nacionalismo son tan fundamentalistas y retrógrados que desconfían de Pepe Lobo porque estudió en Rusia, se manifestó a favor de una urna constituyente y dentro de los moldes rígidos del conservadurismo tiene cierta propensión al diálogo.

Para pasar por el cedazo un posible fraude a favor de Elvin están haciendo montajes con las fotografías y los videos de la campaña liberal para hacer que parezca multitudinaria, cuando todos sabemos que la inmensa mayoría del pueblo liberal no acudirá a las urnas porque abomina del candidato golpista y juzga esa práctica antidemocrática como una actividad históricamente consustancial al nacionalismo; seguro que han de tener asesoría gringa, ya que esos son expertos en reconocer al “cojo sentado” y al “tuerto dormido” ¡Qué barbaridad, don Pepe! Ya ve usted qué mal paga el diablo a quien bien le sirve. No se acuerdan estos infames de que cuando usted era presidente del Congreso les condonó una millonada, demostrándoles con hechos qué intereses son los que defiende y ahora le quieren hacer de chivo los tamales y dejarlo silbando o aullando en la loma.

El golpismo tiene bien amarrados sus negocios, pero con estas estrategias fraudulentas lo que busca es no correr riesgos como lo hizo con Manuel Zelaya, al que consideraba del redil y por ello la premura por cerrar puertas y ventanas, ranuras o cualquier resquicio. Éste es el concepto del mundo que tienen estas gentes: todo basado en poder y el dinero. Ahora mismo han sacado un anuncio publicitario que es una burla completa. En esta propaganda se ve a hondureños de estratos sociales diversos que les hablan a los políticos y les dicen con voz entre resentida y vehemente que acudirán a las urnas, pero que no les fallen. Pero a quienes les deberían pedir cacao es a los dueños de los medios en que salen los anuncios, ya que estos magnates no sólo son dueños de la banca, la industria y los medios de comunicación, sino de los políticos, a los cuales utilizan como simples títeres para seguirse repartiendo el negocio con cuchara grande. ¡Qué circo!

Hemos de decir en rigor y categóricamente que el dinero no es bueno ni malo porque no es sobre los objetos que cae la responsabilidad moral; tampoco recae sobre los actos humanos, ya que estos pueden nacer de la contingencia. La responsabilidad moral cae sobre la voluntad del hombre. Sólo la voluntad humana puede ser buena o mala, moral o inmoral, y de la heteronomía o la autonomía de la voluntad emana el acto ético o el acto moral. El dinero, pues, no corrompe a nadie, la gente ya está corrompida. El dinero puede ser utilizado para hacer el mal o para hacer mucho bien. Todo depende de la catadura moral del individuo.

Honduras es uno de los países más pobres del continente y con menores ingresos de América Latina y el Caribe, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Añade que la pobreza en el país es del 69.5% y en la zona rural llega al 85%; en los próximos años habrá más de 100,000 nuevos pobres y un poco más de 130,000 hondureños que viven en extrema pobreza. El 37.8% de los niños y niñas menores de cinco años son víctimas de desnutrición crónica y uno de cada diez presenta desnutrición aguda. Informes de la FAO exhiben una cifra de 3 millones de hondureños en estado de desnutrición, equivalentes al 46% de la población nacional. Este porcentaje es el segundo más alto de Centroamérica. Pero más vale que los culpables de todas estas penurias ya están identificados por los “sociólogos”, “sicólogos”, “analistas” y otras hierbas del golpismo y no podían ser otros que Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI. Para dar peso “intelectual” a esta tesis se han traído al dúo de mercenarios Montaner y Vargas, que entonan igual canción. No sé qué hicieron a Apuleyo, pero no el escritor romano que escribió El asno de oro, sino Plinio el Colombiano, con el que armaban “el Trío los Panchos del capitalismo” ¡Pobre Honduras pobre!

Esas elecciones vergonzantes del 29 de noviembre son la última estratagema para blanquear el golpe de Estado, cuyo móvil no fue otro que guardar los intereses de los gringos y sus lacayos.

“El dinero gobierna, pero no a los hombres de conciencia” reza un proverbio de la sabiduría árabe. Mas, parodiando a Hernán Cortés y sus cartas de relaciones a Carlos V, diré que por estos lares hay muchos que sufren de una enfermedad del corazón que solamente se cura con dinero.

El presidente ratifica que Estados Unidos le quitó el apoyo en medio de la negociación con el gobierno golpista y dice del gobierno de Obama: “No son herederos de Lincoln”. Denuncia que los candidatos son instrumentos de la dictadura.


Por Arturo Cano
De La Jornada de México. Especial para Página/12.
Desde Tegucigalpa

“¿Cuánto tiempo le da usted al próximo presidente de Honduras? ¿No le parece una burla que llamen a elecciones para que las fuerzas armadas lo quiten cuando quieran, como hicieron con el anterior?” Habla así el presidente José Manuel Zelaya, en esta entrevista, en su día número 57 como “huésped” de la embajada de Brasil.

Desde ahí pide que le sean leídos los comentarios de Ian Kelly, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien poco antes ha afirmado, en Washington: “No hemos cambiado nuestra política”. Se ríe Zelaya y pregunta: “¿Fue todo lo que dijo de Honduras?”. “Tenemos a altos responsables aún involucrados, intentando, no que ambas partes se pongan de acuerdo, sino que implementen lo que ya se acordó. Aún se pueden hacer cosas”, se completa la lectura del despacho con las declaraciones de Kelly, respuesta provisional a la carta que el sábado Zelaya envió al presidente Barack Obama para reprochar a Estados Unidos haberlo dejado “a mitad del río”.

–¿Dijo “no hemos cambiado nuestra política”?

–Eso dijo.

La risa de Zelaya es un asomo de humor luego de la lúgubre respuesta que sigue a ¿Cómo está, presidente? “No tan bien como usted, que está en libertad”.

Y le responde a Kelly: “Qué contesta a la realidad entonces, porque habíamos hecho un acuerdo de que las elecciones se iban a dar en forma pacífica, en forma concertada, con un acuerdo político, que se implementara y que se ejecutara. No se ha implementado el acuerdo, que venció el 5 de noviembre, que se venció porque ellos cambiaron su posición; ellos empezaron a expresar que se podían hacer elecciones sin mi restitución”.

–La multicitada declaración del subsecretario Thomas Shannon.

–El senador (James) De Mint (republicano) dijo que habían hecho un trato, republicanos y demócratas, para reconocer las elecciones, con o sin mi restitución. Después la administración Obama repitió lo mismo. Nos dejaron a la mitad del camino, en medio de la corriente, han debilitado, han dividido la opinión pública internacional. Además, desacataron las resoluciones de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) y desconocieron el espíritu del acuerdo que se firmó. El acuerdo tiene doce puntos, pero es uno solo, integral y global: si uno de los puntos no se cumple el acuerdo no tiene validez, porque no hemos firmado 12 acuerdos. Ellos (Estados Unidos) cambiaron la política y además tienen que responder ante el derecho internacional, porque yo soy el presidente de los hondureños que ellos reconocen y estoy expresando que apoyar una actividad (las elecciones del 29 de noviembre) de un gobierno ilegal, como ellos lo tratan, apoyar una actividad de un gobierno ilícito que dio un golpe de Estado, es violentar el acuerdo.

–Muchos medios interpretaron la parte sustancial de su carta al presidente Obama como una renuncia a toda posibilidad de restitución.

–Las personas que saben leer no pueden expresarse así. Fui totalmente claro y enfático: yo no acepto acuerdos para legitimar golpes de Estado. El acuerdo que me están proponiendo es que (Roberto) Micheletti dirija el gobierno de unidad; eso es un golpe de Estado más. Y es lo que he dicho en la carta. Ahí nadie habla de renuncia, nadie habla de restitución, sino que lo que dije fue que no acepto el acuerdo de retorno a la Presidencia para legitimar un golpe de Estado.

–¿Por qué se firmó un acuerdo con tantas escapatorias para el gobierno de facto? ¿Había un compromiso no escrito de que usted sería restituido?

–El que diga eso no entiende la conflictividad en que estábamos negociando. Si yo en ese documento pusiera todo lo que quiero decir del gobierno de facto, de los golpistas, o ellos todo lo que tienen que decir, el documento no se firma. Es un documento que habla de propósitos, de objetivos y sólo para introducir un párrafo vino Thomas Shannon, sólo para introducir un párrafo que dice “dentro del espíritu del plan Arias”. Y el espíritu era el restablecimiento del orden democrático, es decir, mi restitución. “El acuerdo dice que el Congreso debe resolver, no dice que debe complicar, atrasar o confundir. Entonces a quién le caben dudas. La maquinaria de los que apoyan a Micheletti a nivel internacional empezó a decir que el documento no decía que había que restituirme y eso es falso: el documento dice que hay que solucionar con la restitución y el espíritu del plan Arias. Es un documento para la reconciliación. ¿Podrá haber reconciliación si sólo una de las partes ejerce su voluntad? El documento está bien hecho, totalmente, eso es claro. Como es claro que Estados Unidos cambió su postura a la mitad del camino y fortaleció la dictadura.

–¿Espera todavía un cambio de postura de Estados Unidos?

–Reclamo el incumplimiento de la palabra y el desacato a todas las resoluciones que ellos mismos habían firmado en la OEA y en la ONU, igual que la violación al derecho internacional al venir a reconocer una actividad de un gobierno que ellos mismos llaman ilegítimo. He expresado claramente que se han alejado del discurso del presidente Obama en Trinidad y Tobago, cuando dijo que en Estados Unidos iba a venir una nueva época. Pensé que era una época de paz y de democracia, no que era una época de golpes de Estado ni de triquiñuelas. Se han alejado de los principios de la democracia estadounidense. Quieren hacer elecciones tipo Afganistán, sin acuerdo político. No son herederos de Lincoln si aquí promueven unas elecciones con represión, con persecuciones, con censura mediática. Yo acepté negociar porque Estados Unidos estaba detrás. Pensé que iban a mantenerse firmes hasta el final, y a mitad del camino me dejaron en la corriente.

–¿Tiene espacio para dar la batalla dentro del Partido Liberal (PL) o se plantea una tercera fuerza política para romper el bipartidismo?

–El liberalismo hondureño tiene 117 años y siempre nos hemos opuesto a la intervención de las fuerzas militares en la vida cívica. Nunca hemos tenido un acto tan vergonzoso como el que protagonizaron Micheletti y Elvin Santos (candidato a la presidencia del PL), de promover un golpe de Estado, derrocando un presidente legítimamente electo por el pueblo. Es una vergüenza internacional y lógicamente no habla bien de los dirigentes de ahora. La historia tendrá que juzgar los actos.

–¿Seguirá en el Partido Liberal?

–Yo soy liberal porque creo en su historia, creo en la doctrina. El partido me llevó a la presidencia de la República y sigo respetando su idiosincrasia. Quien se ha alejado del liberalismo es el señor Micheletti, que de liberal no tiene absolutamente nada.

–¿Va a insistir en que los candidatos que han estado contra el golpe se retiren del proceso electoral?

–He instado a impugnar este proceso por ilegal y por el futuro de nuestros hijos. Cuando aceptan un yugo, simplemente por el uso de la fuerza o por intereses materiales, están alejándose de los principios democráticos.

–¿Llamará a César Ham, de Unificación Democrática, a retirar su candidatura presidencial?

–Estoy tratando de que la conciencia del pueblo no se preste a legitimar un golpe de Estado. Las elecciones son para elegir presidente. ¿Los elige el pueblo o las fuerzas armadas? ¿Llaman a elecciones para que lo quiten las fuerzas armadas, como al anterior? Claro, las fuerzas armadas fueron el instrumento, no planificaron ni financiaron el golpe. Revertir el golpe antes de las elecciones era para garantizar el respeto a la soberanía popular. El que participe en una farsa como ésta significa que es un instrumento para prestarse a que este país siga siendo manoseado por quien quiera. Y yo no participo en farsas ni en fraudes de esta naturaleza.

La responsabilidad de Washington
Editorial La Jornada

Ante la crisis política hondureña, el gobierno de Barack Obama terminó por inclinarse en favor del régimen golpista que encabeza Roberto Micheletti. No otra cosa significa la disposición de Washington a otorgar su reconocimiento a la presidencia que surja de las elecciones previstas para el 29 de noviembre, pese a que éstas, de celebrarse bajo la dictadura militar instaurada en junio pasado, carecerán de toda legitimidad, credibilidad y transparencia.

En efecto, en los días anteriores se había hecho evidente el designio de la diplomacia estadunidense de dar cobertura a la estrategia de los golpistas de ganar tiempo con el propósito de enfrentar a la comunidad internacional al hecho consumado de unos comicios organizados –si llegan a realizarse– por un poder antidemocrático, dictatorial y represivo.

En esa lógica, las autoridades ilegítimas de Tegucigalpa fueron postergando el cumplimiento del acuerdo de San José –que de por sí representaba una concesión inaceptable al golpismo– y llegaron a distorsionarlo hasta el punto de fabricar una parodia del "gobierno de unidad nacional" previsto en ese pacto: en lugar de colocar al frente al presidente legítimamente electo, Manuel Zelaya, los asaltantes del poder lo conformaron con el propio Micheletti, impuesto en la Presidencia por ellos mismos.

Por lo que se refiere al gobierno de Estados Unidos, las conclusiones a extraer de este episodio son necesariamente preocupantes: independientemente de las convicciones y de los deseos personales del presidente demócrata, es claro que el aparato militar, empresarial y diplomático estadunidense ha impuesto en Honduras las inveteradas y tradicionales tendencias antidemocráticas de la política de Washington hacia el resto del hemisferio: alentar el surgimiento de dictaduras militares cuando y donde el Departamento de Estado, el Pentágono y las agencias de espionaje consideran que peligra la hegemonía de la superpotencia, y cuando y donde les resulte conveniente aplastar ejercicios de soberanía nacional.

Por otra parte, este catastrófico viraje de la crisis hondureña coloca a la diplomacia latinoamericana ante el espejo de su propia impotencia. A pesar de los esfuerzos de gobiernos como el de Brasil por restaurar en Honduras el orden constitucional quebrantado por el cuartelazo del 28 de junio, es claro que la intermediación diplomática continental ha resultado inoperante y que la dictadura hondureña tiene ante sí la perspectiva de perpetuarse mediante la organización de unos comicios amañados y la imposición en ellos de un resultado que Washington ha calificado de antemano como aceptable, aunque no lo sea.

La apuesta del poder estadunidense y de la oligarquía local es clara: dejar que el tiempo erosione al movimiento de resistencia popular que se ha ido articulando tras las demandas de restaurar el orden democrático vulnerado y restituir a Zelaya en el cargo para el que fue electo.

Previsiblemente, las reivindicaciones de esa resistencia evolucionarán en las semanas próximas, acaso para exigir la realización de comicios libres de sospecha o para demandar una refundación democrática de las instituciones desvirtuadas por quienes las tomaron por asalto en junio pasado.

Sea cual fuera el escenario, debe impedirse la consolidación de esta aventura golpista, que sería precedente y referente para nuevas agresiones a la institucionalidad democrática en otras naciones de la región.

En tal circunstancia, tocará a las sociedades de las naciones latinoamericanas exigir a sus gobiernos respectivos que desconozcan la elección hondureña del próximo día 29 y sus resultados, y que otorguen su respaldo a las instancias opositoras y democráticas surgidas de la sociedad para enfrentar al régimen de facto.

** "Micheletti siempre jugó con tácticas dilatorias, con presuntas salidas de carácter oficial a través del Congreso y la farsa de las elecciones, pero me parece que todo era una trampa del monstruo bicéfalo: Romeo Vásquez y Micheletti bien unido y cimentado, aparentemente irrompible, detrás de ambos está la oligarquía y la Iglesia, que constituyen la base donde descansa la desfachatez".

** "La Resistencia es la conformación de una fuerza social, de conciencia de clase, es importante reconocerse en un grupo social, asimismo la Resistencia toma forma de una fuerza política".

** "Los intelectuales en Honduras estábamos de parte de la instalación de La Cuarta Urna, que diera como resultado una Asamblea Nacional Constituyente, base legal para un cambio verdadero de la política hondureña, ahí está el problema: la oligarquía no permite que el pueblo se manifieste."



Mario Casasús
El Clarín de Chile/Rebelión

En entrevista exclusiva con Clarín.cl Roberto Sosa (1930), es categórico al emitir una sentencia: “El rechazo a la farsa electoral es universal; Micheletti siempre jugó con tácticas dilatorias, con presuntas salidas de carácter oficial a través del Congreso, pero me parece que todo era una trampa del monstruo bicéfalo: Romeo Vásquez y Micheletti, detrás de ambos está la oligarquía y la Iglesia, que constituyen la base donde descansa la desfachatez”

Premio Nacional de Literatura de Honduras (1972). Autor de: Caligramas (1959); Muros (1966); Mal interior (1967); Breve estudio sobre la poesía y su creación (1967); Los pobres (1968); Un mundo para todos dividido (Premio Casa de las Américas, 1971); Prosa armada (1981); Secreto militar (1985); Hasta el sol de hoy (1987); Obra completa (1990); Máscara suelta (1994); El llanto de las cosas (1995); Alta es la noche y Morazán vigila (2009) y Olancho. La cuarta pregunta (2009), entre otros libros de ensayo y antologías poéticas.

El escritor Roberto Sosa, recién comenzó a editar un libro sobre la literatura hondureña, y ante la pregunta de Clarín.cl en relación a una futura compilación de la Poesía en Resistencia y los efectos del terrorismo de Estado en contra de los escritores, sugiere la ignorancia del régimen de facto: “No sé hasta qué punto los golpistas se tomen la literatura en serio, para tener una respuesta violenta como anteriormente hemos vivido, lo que vemos es una reedición encaminada a la guerra sucia de la década de 1980, donde sí hubo listas de muertos, de personas que serían asesinadas o secuestradas –recuerdo que figuré en una de estas listas-, y cundía el miedo en todas direcciones. Por ahí está la posibilidad de la persecución de entonces, pero ahora los libros se publican y distribuyen, no creo que sufran un efecto de persecución, a pesar de que subsiste el temor”


¿Qué criterios deberían utilizarse para compilar una antología de la poesía en resistencia al golpe de Estado?
Habría que recurrir a un examen minucioso de calidad, por la dificultad de ver la línea que separa la cantidad de la calidad, he leído algunos versos de dudosa belleza y hay otros poemas excelentes, la antología debería incluir a poetas del extranjero que también han escrito textos, por otro lado pudieran surgir pinturas, además de la narrativa y prosa para formar un conjunto contestatario al golpe de Estado. No me había puesto a pensar en eso, creo que tendría alguna posibilidad para reunirlo todo con otras personas y editar un libro.

¿Piensa en una antología para lectores hondureños o para exportarla con destino a una editorial en Latinoamérica?,¿habría grietas de persecución en contra de la literatura?
No creo que la persecución llegue a ese extremo, porque no sé hasta qué punto los golpistas se tomen la literatura en serio, para tener una respuesta violenta como anteriormente hemos vivido, lo que vemos es una reedición encaminada a la guerra sucia de la década de 1980, donde sí hubo listas de muertos, de personas que serían asesinadas o secuestradas –recuerdo que figuré en una de estas listas-, y cundía el miedo en todas direcciones. Por ahí está la posibilidad de la persecución de entonces, pero ahora los libros se publican y distribuyen, no creo que sufran un efecto de persecución, a pesar de que subsiste el temor.

¿Encuentra nombres que se duplican y multiplican, de la guerra sucia en la actual dictadura de Micheletti?
La verdad es que en la década de 1980 habían dos directores de la guerra sucia: Gustavo Adolfo Martínez –ya fallecido- y Billy Joya, él dirigió el proceso de muerte, encarcelamiento, persecución y secuestro de aquella época, en este momento es asesor del gobierno golpista, se espera que Joya siga influido por los mismo métodos que aplicó en los años 80, pudiera ser que estuviera repitiendo y mejorando la tortura y eliminación de personas, es un acercamiento y puntos de contacto que se pudieran rastrear; el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras(COFADEH) pudiera darte esos datos con precisión.

¿Hizo una tentativa de exilio con sus recientes viajes a Nicaragua y República Dominicana?
Fui a Nicaragua por consejo de varios amigos, en el sentido de que habría que salir de Honduras, me marché a Managua donde estuve en contacto con el Presidente de la República Manuel Zelaya, conversé con él, lo conocí un poco más; era una época difícil para volver a Tegucigalpa por los toque de queda, por los cercos militares en la frontera, registros y yo tenía miedo de regresar aquí, me quedé en Managua durante un mes, pero por problemas familiares me vi obligado a trasladarme a Honduras. Con la posibilidad de viajar a la República Dominicana todo se redujo a lecturas de poesía, fue un descanso para mí, me reuní con viejos amigos como Jorge Boccanera, el poeta argentino me propuso hacer un libro sobre la literatura hondureña, ya estoy trabajando en eso, todavía no tengo el título. Como le decía, me pidieron un artículo para la prensa estadounidense, así que fui a conversar con el Presidente Mel Zelaya en Nicaragua, ahí acuñamos el término de nazis-fascistas para la dictadura de Micheletti.

¿Cómo ve el quiebre del diálogo y la farsa electoral de los golpistas?
Sucede que una vez roto, el diálogo se reduce a letra muerte, ya no tiene ninguna aplicabilidad real, el mismo Mel ha dicho las razones por las que ya no quiere saber nada de los golpistas; me parece que la ruptura del diálogo es una ventaja para Mel porque ya no está atado a los compromisos, sino que él llevaría a otras instancias limpio de todo el juego metafórico y falso, porque ahí –con los golpistas- leímos una serie de engaños en el lenguaje, Micheletti siempre jugó con tácticas dilatorias, con presuntas salidas de carácter oficial a través del Congreso y la farsa de las elecciones, pero me parece que todo era una trampa del monstruo bicéfalo: Romeo Vásquez y Micheletti bien unido y cimentado, aparentemente irrompible, detrás de ambos está la oligarquía y la Iglesia, que constituyen la base donde descansa la desfachatez. La restitución de Mel debe ser sin condiciones, ni compromisos, para convocar a una Asamblea Constituyente; imagino que el sector golpista tiene temores, por cuanto el Presidente Zelaya ha rechazado cualquier tipo de Amnistía, de todas formas las elecciones estarían invalidadas sin la restitución, el rechazo a la farsa electoral es universal, a pesar de que he oído decir que el gobierno de Estados Unidos aceptaría el resultado de las elecciones. La Resistencia es la conformación de una fuerza social, de conciencia de clase, es importante reconocerse en un grupo social, asimismo la Resistencia toma forma de una fuerza política; es por todos conocido que en Honduras nunca hubo guerra de guerrillas, bajo la protección de los Estados Unidos, aquí construyeron un enorme portaviones, sede de la contra y de los sectores retrógradas de Nicaragua y El Salvador, así que nadie se hubiera esperado un golpe de Estado en Honduras, se suponía que los militares eran banqueros, industriales y pertenecían a una élite económica; ahora vemos en Paraguay un conato de golpe de Estado, frenado a tiempo, Honduras deja un nuevo precedente para Latinoamérica, el efecto dominó, los militares son golpistas aquí y en cualquier parte y muchos de estos milicos son egresados de la Escuela de las Américas. He llegado a la conclusión de que uno de los resortes que desató el golpe de Estado, fue que el Presidente Zelaya se proponía a construir una carretera hacia la Base Militar de Norteamérica en Honduras (Palmerola), hasta la administración de Mel las instalaciones militares eran intocables, ¡imagine que la Base Soto Cano se convirtiera en un Aeropuerto comercial y se expulsara a los estadounidenses de Honduras!, me parece que eso pudo desencadenar el golpe de Estado, evidentemente el régimen de facto ha tenido todo el respaldo del Pentágono, aquí se dibuja la sombra de John Dimitri Negroponte.

Otro móvil del golpe de Estado era impedir la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué fue unánime la convocatoria a la Constituyente?
Los intelectuales que usted ha entrevistado en Honduras estábamos de parte de la instalación de La Cuarta Urna, que diera como resultado una Asamblea Nacional Constituyente, base legal para un cambio verdadero de la política hondureña, ahí está el problema: la oligarquía no permite que el pueblo se manifieste.

Siendo el poeta hondureño con mayor proyección internacional, ¿los golpistas han intentado acercarse a usted?, ¿por qué no asistió al "Homenaje a Roberto Sosa" durante los Juegos Florales 2009?
Me informaron que habían decidido ponerle mi nombre a la edición número 20 de Los Juegos Florales, yo les dije que no había inconveniente, en realidad se trata de un asunto de vanidad que tiene todo escritor, me sentí alagado porque en Honduras nunca se estimula a la poesía, como en Nicaragua, El Salvador o México. Dije que sí aceptaba, pero no pude viajar por los problemas que ya mencioné, la verdad no creo que se trate de una forma de acercamiento oficial, no sé quiénes son los organizadores de Los Juegos Florales. En Honduras todos los intelectuales y poetas no tenemos ninguna participación con la dictadura de Micheletti, anteriormente cierto "intelecto hondureño" servía de apoyo al gobierno en turno, les hacían los discursos públicos y privados.

En la década de 1980 aparecían grafitis con poemas de Roberto Sosa, ahora es recurrente escuchar la canción: "La Casa de la Justicia" musicalizada por Rosario Rodríguez e interpretada por Karla Lara, ¿qué significado tiene para usted leer o escuchar sus versos cuando suponíamos que la temática estaba superada?
Mi poema La Casa de la Justicia ha cobrado vigencia, hasta cierto punto refleja la truculencia jurídica detrás del golpe de Estado. Actualmente he observado en algunas paredes que los jóvenes pintan algunos versos míos, me satisface saber que mi trabajo todavía es tomado en cuenta; la literatura es una forma de contribuir para el rescate de nuestra dignidad.

En su caso y luego del golpe de Estado, ¿renació la necesidad de escribir poesía social?
Sí, tengo la necesidad de escribir ante la descarga de fuerzas negativas y la reacción nuestra es hacer cosas contestatarias, desde luego uno de los textos más difíciles de abordar es la respuesta política –tenemos que andar con cuidado-, así que hablemos del rescate del panfleto, resulta imposible no pensar en lo panfletario, precisamente tengo un libro que se llama: Honduras poesía política, con extraordinarios versos de las nuevas generaciones -como el poeta Fabricio Estrada-, hay textos con una fuerte resonancia y excesivamente virulentos. Otra forma para visualizar la crisis es el teatro, obras de un acto con los personajes del golpe de Estado, los Artistas en Resistencia ya lo están haciendo.

Finalmente, para quitarnos el mal sabor de boca del golpe de Estado, ¿en qué país de Latinoamérica y del resto del mundo ha sentido una mayor identificación y comunicación?
Mantengo correspondencia con poetas argentinos, como nuestro amigo Jorge Boccanera; con poetas costarricenses, nicaragüenses, en México tengo varios amigos escritores. Con la posibilidad del correo electrónico la rapidez es extraordinaria; tengo una fuerte relación con algunos escritores de España, aunque he notado que se han ido muriendo (risas); en Francia he publicado tres libros y pienso hacer una edición bilingüe –inglés/español- de todo mi trabajo que se llamaría El regreso del río. Y por supuesto Cuba, cuando se cumplieron los 50 años de la Revolución, me llamaron desde La Habana para pedirme autorización de reproducir mi libro: Un mundo para todos dividido (1971), algunos versos míos fueron pintados en las paredes, o en grandes cartones y hubo lecturas por toda la Isla, todavía conservo mi primer libro que editó Casa de las Américas, para mi sorpresa fue un tiraje enorme -20,000 ejemplares-, es un libro que ha tenido muy buena receptividad.

Atilio Borón
Economista y periodista
Fuente: http://www.atilioboron.com

La crisis hondureña finalmente se resolvió “por el lado malo”: la consolidación del régimen golpista y la institucionalización de las ilegítimas elecciones que tendrán lugar el próximo 29 de Noviembre. Ya la Casa Blanca ha declarado que los resultados del comicio serán admitidos como válidos lográndose así la normalización de la vida democrática y poniendo fin al “interinato” de Micheletti, eufemismo con el que desde un principio Washington caracterizó al golpe de Estado de la oligarquía hondureña. De este modo las groseras violaciones a los derechos humanos y los atropellos a las libertades democráticas que signaron toda la campaña electoral serán condenados al olvido. Este penoso desenlace había sido anticipado por diversos representantes de la derecha republicana, que impuso como una de sus condiciones para ratificar la designación de Arturo Valenzuela como Secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos el pleno reconocimiento de unas elecciones que por sus insanables anomalías deberían ser declaradas nulas de nulidad absoluta. Tal como lo reportara Página/12 en su edición del 7 de Noviembre, el senador republicano por Carolina del Sur, Jim DeMint, retiró su veto a la candidatura de Valenzuela porque, según se encargó de comunicar a los medios, “la secretaria de Estado Hillary Clinton y el subsecretario, Thomas Shannon, me han garantizado que Estados Unidos reconocerá el resultado de las elecciones hondureñas, haya sido restituido o no Manuel Zelaya”.

Esta resolución de la crisis tiene un significado que excede con creces la política hondureña: marca el inicio de una nueva etapa, por cierto que involutiva, en la cual Estados Unidos retoma su tradicional política de apoyo a los golpes militares y a los regímenes autoritarios afines con los intereses imperiales y ratifica el carácter hipócrita y vacío de la retórica democrática permanentemente enunciada por Washington. Conviene aprender la lección: de ahora en más, democrático vuelve a ser todo régimen que se somete incondicionalmente a los designios norteamericanos; autoritario, populista o despótico será aquel que defienda su independencia y autodeterminación. Uribe y Calderón son demócratas, no importa si el primero viola flagrantemente los derechos humanos, mantiene estrechas relaciones con los narcos y los paramilitares y sabotea sin cesar los posibles acuerdos de paz y el canje humanitario que necesita Colombia para lograr su pacificación; o que el segundo despida de la noche a la mañana a 46.000 trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y promueva una demencial militarización de la vida política mexicana. Chávez, Correa y Morales, en cambio, son populistas y autoritarios, peligrosos para sus vecinos, porque promueven diversas reformas sociales y siembran las semillas de la discordia en sus respectivos países. Aquí aparece una vez más la vetusta y falsa teoría conservadora que concibe a la lucha de clases no como producto de las contradicciones sociales inherentes al capitalismo, sino como la obra de un agente perverso que, dotado de inmensos poderes, introduce el virus del odio y el conflicto en sociedades que antes de su nefasta aparición sobresalían por la armonía de sus relaciones sociales.

Ante esta penosa retrogresión de la política exterior norteamericana son muchos los analistas y estudiosos de la realidad internacional que plantean la tesis de que la victoria de los golpistas hondureños expresa la declinación de la hegemonía norteamericana. A partir de esta constatación se termina por inocentizar a Barack Obama porque, supuestamente, pese a sus esfuerzos no pudo encaminar la crisis en Honduras hacia una resolución compatible con la institucionalidad democrática. ¿Hasta que punto es sustentable esta interpretación?

Hay dos cuestiones que deben ser examinadas: por un lado, la progresiva pérdida de capacidad hegemónica de Estados Unidos en la región. Por el otro, las iniciativas concretas tomadas por la Casa Blanca en el marco de la crisis hondureña. En relación con la primera, es preciso reconocer que si bien la superpotencia se enfrenta a una disminución de su capacidad de dominación y control sobre el sistema internacional, así como su gravitación económica global, no es menos cierto que esta tendencia no se traslada linealmente a América Latina y el Caribe. No sería temeraria, sino mucho más próxima a la verdad la hipótesis que dijera que ante una declinación relativa del imperio en la arena mundial aquél se aferra con más fuerza a lo que sus estrategas militares y diplomáticos consideran su patio trasero y su incuestionable entorno de seguridad territorial. No por nada esta región del mundo fue la destinataria de la primera concepción que la joven república norteamericana elaboró en materia de política exterior: la doctrina Monroe. Por lo tanto, la declinación global no necesariamente significa un deterioro equivalente en su capacidad de controlar su tradicional “zona de influencia”. Es indudable que el predominio que Estados Unidos tenía antes sobre sus vecinos al sur del río Bravo se ha debilitado; pero aún así está lejos de haber desaparecido. Y esto nos conduce al análisis del segundo aspecto señalado más arriba.

En efecto, ¿actuó Obama con todas sus fuerzas para resolver la crisis hondureña en una dirección coherente con los imperativos de la democracia y los derechos humanos? Definitivamente no. Sus iniciativas fueron vacilantes, expresión de las dos líneas que se disputan la formulación de su política exterior. Una, reaccionaria hasta la médula y profundamente influida por las necesidades y las estrategias del complejo militar-industrial y que encuentra en Hillary Clinton su más encumbrada vocera y, otra, mucho más difusa y dispersa, que desearía establecer relaciones más respetuosas con los países del área aún cuando esto no implique abandonar la presunción hegemónica del pasado, sino tan sólo un cierto aggiornamento de la misma y que encuentra su principal representante en el propio Obama. En esta pugna el presidente se vio claramente superado por sus rivales que, desde el principio, fueron capaces de imponer su estrategia en relación con la crisis desatada en Honduras.

Cabría preguntarse si esta interpretación no presta validez a la tesis declinacionista. De ninguna manera. Lo que sí queda claro es que Obama tiene un control apenas marginal del aparato estatal norteamericano. Sería por lo tanto más correcto decir que fue el ocupante de la Casa Blanca quien no pudo elegir otro rumbo, pero no Estados Unidos como potencia imperial. En otras palabras, se impone una vez más distinguir entre el “gobierno permanente” de ese país y su “gobierno aparente”, el que se simboliza en la figura del presidente. El problema es que el vaciamiento de la democracia estadounidense, un proceso que se ha venido desenvolviendo a lo largo del último medio siglo, hace que la figura presidencial tenga muy acotados sus márgenes de autonomía para intentar –en el hipotético caso de que así lo deseara- llevar a cabo una política contraria a los intereses del “gobierno permanente”, ese nefasto entramado de grandes oligopolios y sus lobbies, fuerzas armadas, políticos profesionales y grandes medios de comunicación que, como dijera Gore Vidal, mantiene secuestrada a la sociedad norteamericana.

Para resumir: la hipótesis de la declinación hegemónica queda desmentida cuando se observa que, a pesar de dicho debilitamiento, Washington se las ingenia para firmar un tratado de cooperación militar con Colombia que, como lo recordara el Comandante Fidel Castro Ruz días pasados en una de sus “Reflexiones”, equivale a una práctica anexión de ese país sudamericano a Estados Unidos. Si algo demuestra esta iniciativa es la formidable capacidad de presión, dominación y control que, pese a su debilitamiento, aún conserva el imperio. Es esa misma capacidad la que lo llevó a sacar rápidamente de la escena negociadora en Tegucigalpa al Secretario General de la OEA (cuyos planteamientos eran totalmente inaceptables para los golpistas) para sustituirlo con un viejo peón de la política estadounidense, Oscar Arias. Es esa misma capacidad la que lo lleva a sostener contra viento y marea el criminal bloqueo a Cuba, pese a que en la Asamblea General de la ONU esa política fue condenada por 187 de los 192 países que la integran, y defendida sólo por tres: Estados Unidos, su estado cliente Israel y la isla de Palau (20.000 habitantes), según la CIA un polígono de tiro de la Armada norteamericana en la Micronesia. O la que le permite prestar oídos sordos al reclamo universal de indultar a los cinco luchadores antiterroristas cubanos sometidos a inhumanas condiciones de detención en Estados Unidos gracias a una escandalosa burla al debido proceso; o mantener una infame prisión, violatoria de todos los derechos humanos, en la Base Naval de Guantánamo.

Si Obama hubiera demostrado la misma determinación para exigir la inmediata restitución de Zelaya en la presidencia otra habría sido la historia. Y tenía instrumentos a manos para hacerlo: podría haber decretado el transitorio bloqueo de las remesas de los inmigrantes hondureños residentes en Estados Unidos; o instruido a las empresas norteamericanas radicadas en Honduras que preparasen planes para su eventual evacuación; o congelado los fondos de los políticos del régimen y de la oligarquía depositados en bancos norteamericanos; o embargar sus fastuosas propiedades en la Florida. Son gestos para nada inéditos; casi todos ellos fueron utilizados por George W. Bush para frustrar la segura victoria de Schafik Handal, candidato del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, en las elecciones del 2004 en El Salvador. ¿Por qué no se intentó algo similar en esta ocasión? Respuesta: porque la política del “gobierno permanente” de Estados Unidos dispuso otra cosa y el inquilino de la Casa Blanca se inclinó ante esa decisión.

Conclusión: no es que Estados Unidos no pudo modificar el resultado de la crisis hondureña sino que, más allá de las preferencias de Obama, la clase dominante norteamericana y sus representantes políticos en el aparato estatal no quisieron que fuera otro el desenlace de este conflicto, aún a sabiendas de las funestas implicaciones que esta decisión tendrá para la paz y la estabilidad política ese país centroamericano. En línea con la desorbitada militarización de la política hemisférica promovida desde los años de George W. Bush –y de la cual las siete bases concedidas por Uribe son apenas la punta del iceberg- el “gobierno permanente” de Estados Unidos optó por sostener a los golpistas en vez de apostar a la reconstrucción de la democracia. No se trató de una cuestión de incapacidad, sino de una elección estratégica concebida para reordenar manu militari el tumultuoso patio trasero del imperio en Centroamérica y para lanzar una ominosa señal de advertencia a los gobiernos de izquierda y progresistas de la región.

Ha estado ya circulando una grabación de una diálago telefónico entre el candidato presidencial del Partido Liberal, Elvin Santos, y su jefe de campaña, el candidato a diputado Marlon Lara, quienes hablan del uso de "fondos nacionales" o del Gobierno para pagar gastos de camapaña política en el departamento de Francisco Morazán por 69 millones de lempiras.

El ilegal Tribunal Supremo Electoral no se ha pronunciado sobre esto ni tampoco el Tribunal de Cuentas.

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El golpista Elvin Santos es un beneficiario clave del continuo financiamiento del gobierno de EUA

Por Marco Antonio Madrid
Escritor y catedrático universitario
madrizel2005@yahoo.com

La ingenuidad del niño, por emanar de su inocencia, tiene sabor edénico; la ingenuidad del adulto linda con la tontería, no provoca cólera, sino lástima, y por lo general es seguida por la sonrisa compasiva de algún buen samaritano. Antes del golpe de Estado, la ingenuidad mayor fue creer que la embajada gringa, los oligarcas y el gorilismo militar se iban a quedar de brazos cruzados sólo contemplando al pueblo votar por una Asamblea Nacional Constituyente. Craso error, candorosa actitud que ahora muchos lamentan.

Después del golpe, con candidez, muchos habían pensado que los gringos apoyaban la resistencia y que los intereses del imperialismo son los del pueblo hondureño. Nada más lejos de la verdad porque los intereses de los gringos están en consonancia con los de Micheletti y su camarilla golpista. ¿Que les han quitado la visa? ¿Y eso qué? Los oligarcas pueden estar años sin viajar a gringolandia. En estos momentos lo que les preocupa en grado sumo es cuidar el espolio nacional, ese feudo particular llamado Honduras. Es claro que las medidas los oprimen, pero no los asfixian, y eso bien lo saben los gringos.

El golpe de Estado planificado con la anuencia del comando sur con base en Palmerola ha tenido como fin supremo abortar el llamado de las urnas a una Asamblea Constituyente y la redacción de una nueva Carta Magna en que podían ser lesionados los réditos de sus transnacionales en nuestro país y ante todo la permanencia de la base militar Soto Cano ubicada en territorio nacional. También es un aviso para todos los Gobiernos de la región que pretenden legislar a favor de sus pueblos. (Observen cómo, al irse asentando el problema político hondureño a favor de los golpistas, ya han surgido en Paraguay rumores de una nueva asonada).

El plan original fracasó por la torpeza de los militares al secuestrar y expatriar al presidente Manuel Zelaya, haciendo muy difícil sostener el concepto de la sustitución constitucional. Por ello EEUU da un paso atrás y condena los hechos, anunciando que sólo reconoce como gobernante a Zelaya Rosales para guardar las apariencias en el plano diplomático, ya que es grotesco y contraproducente que los gendarmes de la “democracia” mundial apoyen una asonada militar. Para lidiar con el entuerto se inventan el plan San José, que contempla el retorno del Presidente, pero imposibilitado para efectuar cualquier cambio a favor de la causa popular.

Todo parece perfecto: lo del 28 queda como un exabrupto, gana las elecciones cualquiera de sus dos pupilos –los golpistas Elvin o Pepe- y todos retirados de la incómoda cuarta urna. Mas el trompo continúa tatareto por causa de la testarudez golpista de mantenerse en el poder y no poder echárselo a la uña frente a la comunidad internacional produce la cólera y la admonición gringa en contra de Micheletti y su gabinete de facto.

Ha pasado el tiempo y después de cuatro meses los yanquis y no Micheletti acaban por entender que después de todo sus desencuentros son nimiedades y lo verdaderamente importante es el provecho común que depende de seguir espoliando las riquezas y los recursos de este país. Como colofón y corolario de lo anterior, olvidándose por completo de su posición de no reconocer las elecciones sin la previa restitución de Zelaya, el embajador Hugo Llorens afirma: “Las elecciones generales van a ocurrir, esto es claro; el pueblo tiene derecho de elegir su Presidente, un nuevo Congreso y alcaldes. Eso va a pasar y las elecciones serán parte de la realidad y volverán a Honduras a un camino fuerte a la democracia”. En los mismos términos se expresan el comediante Thomas Shannon y la ministra de Relaciones Exteriores Hillary Clinton.

En la reciente asamblea de la OEA convocada para discutir los últimos desatinos golpistas, el representante de Venezuela utilizó un símil muy curioso para referirse a la OEA y a los golpistas. Manifestó el diplomático que la OEA era el gato y Micheletti el ratón, pero que en la actual situación el ratón se divierte jugando con el gato. Es claro que los hechos respaldan la metáfora surrealista del venezolano. Pero ese absurdo, que habría hecho las delicias de André Bretón o de Paul Éluard, tiene una causa lógica: el imperio es el amo del gato y del ratón. Business is business y los gringos ya se olvidaron de guardar las apariencias y, como era predecible, comenzaron a decantarse por los usurpadores.

Estamos a días de las elecciones que, según los voceros de los golpistas, serán las más transparentes y concurridas, cosa que no dudo, ya que para la transparencia están los custodios de las urnas, que son los de camiseta blanca, y en lo que respecta a la afluencia ya tienen cédulas hasta los muertos. Así, gracias a la diligencia del Registro Nacional de las Personas, que ha emitido identidades en cantidades industriales, nadie se perderá esta fiesta democrática.

En todo este circo, lo que en verdad me sorprende es la ingenuidad de algunas personas que han militado en la resistencia, ya que con criterio poco convincente sostienen que participarán en las elecciones porque de todas formas, al retirarse de sus puestos, los ocuparán otros. ¿Acaso estos cándidos compatriotas desconocen que los golpistas van a manipular las actas en las mesas electorales o las cifras definitivas en las computadoras del Tribunal Supremo Electoral y saldrán “electos” los diputados o candidatos que ellos quieran? ¿Quién se los va a impedir? ¿Los militares o sus inmaculados custodios? ¿Quizá el arenero Alfredo Cristiani y sus demás compinches de la derecha latinoamericana que serán “observadores” de la payasada electorera? ¿Acaso no habíamos convenido que las elecciones convocadas por un gobierno de facto son espurias y completamente viciadas de nulidad? ¿por qué ahora se buscan subterfugios? ¡Por favor, sean sensatos! Queremos pensar que son ingenuos y no traidores. Si participan en esas elecciones de compadre hablado, les tendremos que repetir la sentencia del escritor Romano Publio Terencio: “Le han confiado la oveja al lobo”, que en buen hondureño sería equivalente a “dejar al tigre cuidando la cabra”. Como dice el compa Filomeno, otro día no van a hallar ni el mecate.

El editor: En otro de sus acertados análisis, el abogado Carlos Augusto Hernández Alvarado desglosa punto por punto las incongruencias jurídicas del llamado "Acuerdo de Tegucigalpa/San José" y deja en evidencia la ignorancia e inoperancia de las partes involucradas, las pretensiones oscurantistas del documento y la ilegalidad del actual Tribunal Supremo Electoral.



Por Carlos Augusto Hernández Alvarado
Abogado y notario
carlosaugusto69@yahoo.com
Especial para Arlequín

Una vez que quedó suscrito y fracasado el Acuerdo Tegucigalpa/San José, me parece justo y necesario hacer una evaluación jurídica de todo el contenido del mismo, especialmente porque la comisión que ha representado al gobierno de facto manifestó que todo se iba a enmarcar en la Constitución y las leyes hondureñas. Hay que reconocer que los acuerdos, convenios o contratos pueden tener profundos errores de forma y de fondo, máxime cuando éstos son de carácter político.

Pero vuelvo a recordar lo que expresó la comisión del gobierno de facto de que se enmarcarían en la Constitución y las leyes. Basándonos en esta afirmación he analizado en ese marco, el Acuerdo Tegucigalpa/San José de fecha 30 de octubre del año 2009 llegando a las siguientes conclusiones en cada una de sus partes:

“Acuerdo Tegucigalpa/San José para la reconciliación nacional y el fortalecimiento de la democracia en Honduras”

Conclusión No.1: El título no debió expresar que era un acuerdo para la reconciliación nacional ni para el fortalecimiento de la democracia, debió anunciar que era para el restablecimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, porque es el orden constitucional el que está roto y las instituciones democráticas las que se vieron involucradas en el quebrantamiento del orden constitucional, propiciándolo y justificando el golpe de Estado.

“Preámbulo
Nosotros, ciudadanos hondureños, hombres y mujeres, convencidos de la necesidad de fortalecer del Estado de derecho, al amparo de nuestra Constitución y las leyes de nuestra República, profundizar la democracia y asegurar un clima de paz y tranquilidad para nuestro pueblo, hemos llevado un intenso y franco proceso de diálogo político para buscar una salida pacífica y negociada a la crisis en que nuestro país ha estado sumido en los últimos meses.

Como fruto de ese diálogo, en el que ha predominado la cordura, la tolerancia y el espíritu patriótico de todos sus participantes, hemos redactado un Acuerdo político que habrá de permitir restablecer la convivencia ciudadana y asegurar un clima apropiado para la gobernabilidad democrática en nuestra patria. Este Acuerdo, estamos seguros, marcará el camino hacia la paz, la reconciliación y la democracia, demandas urgentes de la sociedad hondureña.

La concertación de este Acuerdo demuestra, una vez más, que los hondureños y hondureñas somos capaces de practicar exitosamente el diálogo y, gracias a él y a través del mismo, alcanzar las altas metas que la sociedad demanda y la patria nos exige.

En virtud de todo lo anterior, hemos convenido en los siguientes acuerdos”.

Conclusión No.2: El preámbulo en todo acuerdo político es una expresión ideológica que sienta las bases y las aspiración del mismo, la crítica que se le puede hacer al preámbulo es que manifiesta como objetivo restablecer la convivencia ciudadana para asegurar la gobernabilidad democrática, algo que es absolutamente falso, la misión es restablecer el orden constitucional, fortalecer las instituciones democráticas, para que no esté rota la convivencia social y asegurar la gobernabilidad como objetivo, en pocas palabras, el preámbulo parece ser es una aspiración circunstancial para solventar la crisis pretendiendo aquietar la manifestación social contra el golpe, manteniendo desintegradas las instituciones democráticas por el golpe de estado. Con un preámbulo como éste a lo único que se puede aspirar es a un túnel macabro para querer justiciar y legitimar el golpe de estado que vulneró todas las instituciones democráticas del país, con el contenido mismo del convenio. El preámbulo tiene que enunciar que el volver al orden constitucional en Honduras es una exigencia interna democrática y de los organismos mundiales como la ONU, OEA, SICA, SIECA, Grupo de Río, ALBA, Comunidad Europea; desconocer este aspecto es simple y sencillamente resumir a Honduras y su crisis a un problema de bandas políticas y no una exigencia de la democracia mundial y continental.

“1. Sobre el gobierno de unidad y reconciliación nacional
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, conformaremos un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional integrado por representantes de los diversos partidos políticos y organizaciones sociales, reconocidos por su capacidad, honorabilidad, idoneidad y voluntad para dialogar, quienes ocuparán las distintas Secretarías y Subsecretarías así como otras dependencias del Estado, de conformidad con el artículo 246 y siguientes de la Constitución de la República de Honduras.
En vista de que con antelación al 28 de junio, el Poder Ejecutivo no había remitido a consideración del Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos, de conformidad con lo establecido en el artículo 205, inciso 32, de la Constitución de la República de Honduras, este Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional respetará y funcionará sobre la base del Presupuesto General recientemente aprobado por el Congreso Nacional para el ejercicio fiscal 2009”.

Conclusión No.3: Al primer párrafo de este punto tiene un vacío legal enmarcado en el artículo 5 párrafo primero de la Constitución que manda al gobierno, “sustentarse en el principio de la democracia participativa, hacer forma integral de la nación que implique todos los sectores políticos en la administración pública a fin de asegurar el progreso, la estabilidad política y la conciliación nacional”, en consecuencia, el párrafo primero de este punto tiene que estar sujeto al artículo 5 párrafo primero de la Constitución y establecer que ese gobierno de reconciliación debió de llamársele gobierno de restablecimiento institucional y debe estar presidido por el legitimo Presidente Constitucional de la Republica, porque solo así se restablece institucional y constitucionalmente el país, artículos 235, 236, 237 constitucionales. Ya que en el orden de presidir el Poder Ejecutivo el que lo ocupa actualmente no llegó a ese puesto por las causales señaladas en la propia Constitución en el artículo 242.

El segundo párrafo del primer punto del acuerdo es una aberración jurídica el aceptar que el Poder Ejecutivo no había remitido al Congreso Nacional el Proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República porque los artículos 368, 371 y 372 de la Constitución justifican claramente porqué el gobierno presidido por Manuel Zelaya Rosales no lo había enviado, entre otras cosas no se había liquidado el presupuesto, no se había permitido hacer la fiscalización del mismo y la fiscalización de las instituciones descentralizadas como la Alcaldía de la ciudad de Tegucigalpa no lo había permitido. Aceptar liza y llanamente este aspecto es aceptar que se cometió delito, en especial el de abuso de autoridad señalado en el artículo 349 del Código Penal. Siguiendo en este mismo orden de cosas, enviar el presupuesto por el gobierno de facto sin la liquidación y la fiscalización preventiva y aprobarlo así por el Congreso Nacional, entonces también al gobierno de facto incurrió en el delito de abuso de autoridad conforme al artículo 349 del Código Penal.

“2. Sobre la renuncia a convocar a una asamblea nacional constituyente o reformar la Constitución en lo irreformable
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, reiteramos nuestro respeto a la Constitución y las leyes de nuestro país, absteniéndonos de hacer llamamientos a la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto, y renunciando también a promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial, modificar la forma de Gobierno o contravenir cualquiera de los artículos irreformables de nuestra Carta Fundamental.

En particular, no realizaremos declaraciones públicas ni ejerceremos algún tipo de influencia inconsistente con los artículos 5, 239, 373 y 374 de la Constitución de la República de Honduras, y rechazaremos enérgicamente toda manifestación contraria al espíritu de dichos artículos y de la Ley Especial que Regula el Referéndum y el Plebiscito”.

Conclusión No.4: Sigo sosteniendo que la palabra reconciliación no debe de existir o, a cambio es, para el restablecimiento del orden constitucional, en este primer párrafo del punto 2, no debió haber manifestado dicha renuncia en virtud de que el Presidente Manuel Zelaya Rosales no convocó en ningún momento a una constituyente ni de modo directo ni indirecto y renunciar a promover consultas populares sería equivalente a eliminar la ley de Participación Ciudadana, ya que en el artículo 5 de esa ley permite hacer consultas de interés nacional a la población, y la facultad de derogar leyes solamente está conferida en el artículo 205 numeral 1 al Congreso
Nacional de la República por la Constitución.

El párrafo 2 de este punto establece que no se realizarán declaraciones públicas con respecto a los artículos 5, 239, 373, 374 de la Constitución, hay que recordar que existe una garantía individual en la Constitución sobre la libertad de expresión y de pensamiento especialmente reguladas en los artículos 72, 73, 74 las que no pueden ser limitadas por la firma de este documento, ver artículo 64 de la Constitución y vale la pena recordarle a quienes firmaron que en ningún articulado del Código Penal establece que reformar la Constitución en lo que dispone el artículo 374, en especial el 239, se encuentra penado el delito de traición a la patria especialmente tipificados del artículo 302 al 311 del Código Penal y ni la propia ley del Plesbicito y el Referéndum, refrendada por el artículo 5 de la Constitución, prohíbe la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, además prohibir una expresión soberana sería violentar y atentar con el artículo 2 de la Constitución que establece, “que la soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del estado”.

“3. Sobre las elecciones generales y el traspaso de gobierno
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, reiteramos que, de conformidad con los artículos 44 y 51 de la Constitución de la República de Honduras, el voto es universal, obligatorio, igualitario, directo, libre y secreto, y corresponde al Tribunal Supremo Electoral, con plena autonomía e independencia, supervisar y ejecutar todo lo relacionado con los actos y procesos electorales.

Asimismo, realizamos un llamado al pueblo hondureño para que participe pacíficamente en las próximas elecciones generales y evite todo tipo de manifestaciones que se opongan a las elecciones o a su resultado, o promuevan la insurrección, la conducta antijurídica, la desobediencia civil u otros actos que pudieren producir confrontaciones violentas o transgresiones a la ley.

Con el fin de demostrar la transparencia y legitimidad del proceso electoral, instamos al Tribunal Supremo Electoral a que autorice y acredite la presencia de misiones internacionales desde ahora y hasta la declaratoria del resultado de las elecciones generales, así como durante el traspaso de poderes que tendrá lugar, conforme con el artículo 237 de la Constitución de la República de Honduras, el 27 de enero de 2010”.

Conclusión No.5: Es difícil garantizar un proceso electoral sin que se cumpla estrictamente la siguiente apreciación legal que ya he manifestado en otros artículos: El artículo 52 de la Constitución de la Republica manifiesta quienes no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el punto 2 de ese artículo dice: “Que no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes estén nominados u ostenten cargos de elección popular”, en la actualidad los representantes de los partidos Nacional y Liberal ante del tribunal referenciado ostentaban cargos de elección popular para poder ser magistrados electorales...o sea que el Tribunal que regula las elecciones en este momento es ilegítimo, a esto se une lo que establece el artículo 2 de la Ley Electoral que manifiesta: “Que el sistema electoral se regirá bajo el principio de legitimidad”. Teniendo un Tribunal ilegítimo y un gobierno ilegítimo este principio desaparece.... por eso las elecciones carecen de validez, por estarse rigiendo en un marco de ilegitimidad, se agrava aún más las elecciones con lo que dispone el artículo 272 de la Constitución que manda al Presidente de la Republica (en este caso ilegítimo) poner a disposición del Tribunal Supremo Electoral un mes antes de las elecciones a las Fuerzas Armadas, que curiosamente están involucradas en el golpe de estado. Si bien es cierto la validez de la convocatoria se hizo antes del golpe y fue legal y ya estaban los candidatos electos, esta legitimidad desaparece por la ilegitimidad en la que se desarrolla el proceso en la actualidad como lo he señalado precedentemente y como lo manda el artículo 2 de la Ley Electoral hondureña.

“4. Sobre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ratificamos nuestra voluntad de acatar en todos sus extremos el artículo 272 de la Constitución de la República de Honduras, conforme con el cual las Fuerzas Armadas quedan a disposición del Tribunal Supremo Electoral desde un mes antes de las elecciones generales, a efectos de garantizar el libre ejercicio del sufragio, la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso. Reafirmamos el carácter profesional, apolítico, obediente y no deliberante de las Fuerzas Armadas hondureñas. De igual forma, coincidimos en que la Policía Nacional deberá sujetarse estrictamente a lo que prescribe su legislación especial”.

Conclusión No.6: Cual sería el fin o propósito de este punto, cuesta entenderlo, es evidente que las Fuerzas Armadas y la Policía deben cumplir con lo que manda la Constitución y las leyes, para fortalecer el sistema institucional se hubiese pedido que la cúpula militar y policial que violentó la Constitución en el proceso del golpe de Estado quedara separada para desarrollar el proceso de las elecciones, porque no existe garantía alguna que bajo gobierno de facto con policías y Fuerzas Armadas involucradas en un golpe de estado puedan ser garantes de un proceso soberano, transparente, democrático y legítimo.

“5. Del Poder Ejecutivo
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, en el espíritu de los temas de la propuesta del Acuerdo de San José, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de sus facultades, en consulta con las instancias que considere pertinentes como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente en respecto a “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”.

La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”.

Conclusión No.7: Este punto 5 que ha dado tanto debate tiene un vacío procedimental enorme, retrotraer el Poder Ejecutivo antes del 28 de junio implicaba la derogatoria del decreto que destituyo al Presidente de la Republica y esa derogatoria tenía que dejarse claro fuera antes del 5 de noviembre para así restablecer el orden constitucional y en el decreto de derogatoria tiene que expresar, que los juicios derivados al Presidente de la Republica y sus funcionarios deben quedar en suspenso, en virtud de que se ha violentado el artículo 200 del Código Procesal Penal, y que se activarán hasta que fuesen comprobados por los mecanismos de ley, con la tutelación efectiva del restablecimiento del orden constitucional esta medida puede ser tomada porque la irretroactividad que sólo beneficia en materia penal está garantizada en el artículo 96 de la Constitución y los juicios fueron posteriores al golpe de estado, transcribo el artículo 200 del Código Procesal Penal: “ARTICULO 200 “Pruebas prohibidas o ilícitas. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forme parte; así como cuántos sean consecuencia necesaria de tales actos o hechos y que no hubiera sido posible su obtención sin la información derivada de ellos, sin perjuicio de la responsabilidad en que haya podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información.”

En cuanto a disponer que el Congreso Nacional efectuara consultas es algo ilegal ya que el artículo 313 de la Constitución no le permite al Poder Judicial efectuar dictámenes en este tipo de decisiones, el artículo 9 de la ley del Comisionado Nacional de Derechos Humanos no le tiene atribuida esta facultad, el artículo 19 de la ley de la Procuraduría General de la Republica, le prohíbe dar opiniones de este tipo y en la sección de consultoría de la ley de Procuraduría General de la República de los artículos 23 al 33 no tiene esa facultad y en el artículo 1 de la ley del Ministerio Publico no tiene facultad dictaminadora la Fiscalía.

“6. Sobre la comisión de verificación y la comisión de la verdad
Para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, disponemos la creación de una Comisión de Verificación de los compromisos asumidos en este Acuerdo, y los que de él se deriven, coordinadas por la Organización de Estados Americanos (OEA). Dicha Comisión estará integrada por dos miembros de la comunidad internacional y dos miembros de la comunidad nacional, estos últimos serán escogidos uno por cada una de las partes.

La Comisión de Verificación será la encargada de dar fe del estricto cumplimiento de todos los puntos de este Acuerdo, y recibirá para ello la plena cooperación de las instituciones públicas hondureñas.

El incumplimiento de cualquiera de los compromisos contenidos en este Acuerdo, comprobado y declarado por la Comisión de Verificación, producirá la activación de medidas que establecerá la Comisión para el transgresor o los transgresores. Con el fin de esclarecer los hechos ocurridos antes y después del 28 de junio de 2009, se creará también una Comisión de la Verdad que identifique los actos que condujeron a la situación actual, y proporcione al pueblo de Honduras elementos para evitar que estos hechos se repitan en el futuro.

Esta Comisión de Diálogo recomienda que el próximo Gobierno, en el marco de un consenso nacional, constituya dicha Comisión de la Verdad en el primer semestre del año 2010”.

Conclusión No.8: La Comisión de Verificación se le dio facultades sancionadoras sin decir que sanción o que medida se tomaría al transgresor, es un vacío en el contenido del acuerdo, porque tal como hemos visto al señor Roberto Micheletti le fue fácil violentarlo al no haber sanción alguna establecida.

Instituir una Comisión de la Verdad: 1-Sin que se deje clara la fecha de su instalación; 2-Quienes la conformaran; 3-Los limites y alcances que tendrá y los aspectos que deberá investigar, es simple y sencillamente una falacia total en el contenido del documento suscrito.

“7. Sobre la normalización de las relaciones de la República de Honduras con la comunidad internacional
Al comprometernos a cumplir fielmente los compromisos asumidos en el presente Acuerdo, solicitamos respetuosamente la inmediata revocatoria de aquellas medidas o sanciones adoptadas a nivel bilateral o multilateral, que de alguna manera afectan la reinserción y participación plena de la República de Honduras en la comunidad internacional, y su acceso a todas las formas de cooperación.

Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que reactive lo antes posible los proyectos vigentes de cooperación con la República de Honduras, y continúe con la negociación de los futuros. En particular, instamos a que, a solicitud de las autoridades competentes, se haga efectiva la cooperación internacional que resulte necesaria y oportuna para que la Comisión de Verificación y la futura Comisión de la Verdad aseguren el fiel cumplimiento y seguimiento de los compromisos adquiridos en este Acuerdo”.

Conclusión No.9: Este compromiso frente a la comunidad internacional debió de ser claro y preciso que era con el restablecimiento inmediato del orden constitucional y restablecido en su cargo el Presidente Manuel Zelaya Rosales, por que así lo exige en las resoluciones la comunidad internacional en los diferentes organismos internacionales.

“8. Disposiciones finales
Toda diferencia de interpretación o aplicación del presente Acuerdo será sometida a la Comisión de Verificación, la que determinará, en apego a lo dispuesto en la Constitución de la República de Honduras y en la legislación vigente, y mediante una interpretación auténtica del presente Acuerdo, la solución que corresponda.

Tomando en cuenta que el presente Acuerdo es producto del entendimiento y la fraternidad entre hondureños y hondureñas, solicitamos vehementemente a la comunidad internacional que respete la soberanía de la República de Honduras, y observe plenamente el principio consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de no injerencia en los asuntos internos de otros Estados”.

Conclusión No.10: La diferencia con la interpretación al punto 5 del acuerdo nunca fue sometida a esta comisión ya que unilateralmente el gobierno de facto quiso conformar su supuesto gobierno de reconciliación aislando completamente a la Comisión de Verificación, lo que comprueba una vez más la falta de voluntad política del gobierno usurpador y que el acuerdo no tiene mecanismos para exigir su cumplimiento.

“9. Calendario de cumplimiento de los acuerdos
Dada la entrada en vigencia inmediata de este Acuerdo a partir de su fecha de suscripción, y con el fin de clarificar los tiempos de cumplimiento y de seguimiento de los compromisos adquiridos para alcanzar la reconciliación nacional, convenimos el siguiente calendario de cumplimiento:
30 de octubre de 2009
1. Suscripción y entrada en vigencia del Acuerdo.
2. Entrega formal del Acuerdo al Congreso para los efectos del Punto 5, “Del Poder Ejecutivo”.
2 de noviembre de 2009
1. Conformación de la Comisión de Verificación.
A partir de la suscripción del presente Acuerdo y a más tardar el 5 de noviembre
1. Conformación e instalación del Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional.
27 de enero de 2010
1. Celebración del traspaso de gobierno.
Primer semestre de 2010
1. Conformación de la Comisión de la Verdad”.

Conclusión No.11: El calendario se tenía que ajustar en establecer la fecha de la restitución inmediata del Presidente, la fecha de normalización de las relaciones internacionales, la fecha de instalación de la Comisión de la Verdad.

“10. Declaración final
En nombre de la reconciliación y el espíritu patriótico que nos ha convocado ante la mesa de diálogo, nos comprometemos a cumplir de buena fe el presente Acuerdo, y lo que de él se derive.

El mundo es testigo de esta demostración de unidad y paz, a la que nos compromete nuestra conciencia cívica y devoción patriótica. Juntos, sabremos demostrar nuestro valor y decisión para fortalecer el Estado de derecho y construir una sociedad tolerante, pluralista y democrática.

Firmamos el presente Acuerdo en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el día 30 de octubre del año 2009”.

Conclusión No.12: En esta declaración final tal como lo señale al inicio debe de hacerse alusión al restablecimiento del orden constitucional.

“11. Agradecimientos
Aprovechamos la ocasión para agradecer el acompañamiento y los buenos oficios de la Comunidad Internacional, en especial a la Organización de los Estados Americanos y su Secretario General, José Miguel Insulza; las Misiones de Cancilleres del Hemisferio; el Presidente de Costa Rica, Oscar Arias Sánchez; el Gobierno de los Estados Unidos, su Presidente Barack Obama, y su Secretaria de Estado, Hillary Clinton”.

Conclusión No.13: Si bien es cierto es de buena educación y de buenos caballeros dar agradecimiento el único nombre propio que debió de estar es el de Don Oscar Arias Sánchez, la OEA, la Secretaria General de la OEA, Departamento de Estado y Gobierno Americano se hubiesen señalado por aspectos institucionales. Esto parece más bien un elogio sin mérito a los que se señalan en el mismo.

“12. Sobre la entrada en vigencia del Acuerdo Tegucigalpa/San José
Para efectos internos, el Acuerdo tiene plena vigencia a partir de su firma. Para efectos protocolarios y ceremoniales, se llevará a cabo un acto público de suscripción el día 2 de noviembre.
Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, 30 de octubre de 2009”.

Conclusión No.14: En la vigencia de este acuerdo debe señalar que el no cumplimiento de cada uno de los aspectos se daba por rescindido y la aplicación de sanciones.

“Armando Aguilar Cruz, Víctor Orlando Meza López,
Vilma Cecilia Morales Montalbán, Mayra Janeth Mejía del Cid,
Arturo Gerardo Corrales Álvarez, Rodil Rivera Rodil”.

Conclusiones finales: Si efectuó una abstracción mental al Acuerdo Tegucigalpa/San José, a las conclusiones básicas que se pueden llegar son las siguientes:

1.- Que los firmantes de las partes no pueden asumir responsabilidades en un acuerdo de este tipo violentando la Constitución y el propio sistema legal, cuando el propósito es el restablecimiento del orden constitucional del país, máxime cuando dentro del equipo por ambas partes hay abogados y ni mas ni menos una ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia y un ex magistrado. Lo único que justificaron con esto, es que la Constitución y las leyes para ellos no es algo de su quehacer y que su supuesta basta experiencia en manejar asuntos delicados queda en una duda extrema.

2.-Que la OEA y los organismos involucrados en el acuerdo con sus respectivos asesores son desconocedores del sistema legal institucional hondureño incluido en esto el señor Tomas Shannon, Hugo Llorens, Hillary Clinton y sus famosos asesores. Han evidenciado una compleja ignorancia que no tiene límites y que estas instituciones internacionales parece que vegetan en el tiempo bajo la mentira y el engaño político.

3.- Que el acuerdo refleja un pulso de poder, por un lado, quienes buscan la restitución y otros quienes la niegan, donde lógicamente esta ganando ese pulso, el que detenta la fuerza y el control vulgar de las instituciones viendo el poder desde el punto de vista pragmático, del fin justifica los medios.

4.-Que la reconciliación nacional no se va a lograr, sino se castiga bajo el imperio de la ley a quienes cometieron el golpe y se encuentran en las instituciones democráticas del país y a quienes están bajo un régimen de facto destruyendo a diestra y siniestra las instituciones y los recursos del estado.

5.-Que la población altamente golpeada, perseguida y asesinada no tiene reflejo con sus derechos humanos violentados en el acuerdo y en sí mismo en forma y fondo es un adefesio jurídico, como ya alguien dijo que era nuestra Constitución.

Una carta para Narco News trae un resumen de la situación actual

Por Al Giordano
The Narco News Bulletin
Traducción: Fernando León
En inglés

Un lector de Narco News llamado Darrol nos envió la siguiente carta, que publicaremos en su totalidad y que nos da la oportunidad de contestar algunas preguntas que probablemente están en la mente de muchos:

Estimado Narco News,

¿Los medios hondureños El Libertador, Radio Globo y el Canal 36 continúan cerrados, o los golpistas les han permitido volver a abrir?

¡¡¡Es sorprendente que tan importante noticia no ha sido cubierta en ningún otro lugar ¿Por qué nadie esta cubriendo esto? Re-abiertos o no, de cualquier manera el estado de los medios de comunicación en Honduras es ya una importante noticia.

Incluso en el sitio web de El Libertador, el cual leo casi a diario, esta cuestión no ha sido cubierta. Enviaría un correo electrónico a El Libertador, pero mi español no es muy bueno. Lo leo muy bien, pero nunca he intentado escribirlo.

Si los medios de comunicación de oposición continúan cerrados, entonces Washington no puede pretender que existan condiciones para llevar a cabo elecciones libres.

Si no me equivoco, dentro del enfoque de Narco News se incluye el estado de los medios de noticias en Honduras.

Dentro de otros detalles que quisiera—y muchos otros—saber, están:

* ¿Cuál es el estado del equipo de estudio y de los transmisores de Radio Globo y del Canal 36?

* ¿Cuál es el estado de la imprenta de El Libertador?

* ¿Que garantías, si las hay, se han dado de que las amenazas de muerte contra personas como Jhonny Lagos no se llevarán a cabo? Me parece que—como mínimo—el gobierno de los Estados Unidos debió haber extraído “rápida y duramente” garantías personales de los líderes golpistas de que los periodistas no se vieran amenazados, como parte de la necesidad del gobierno de los EUA de tapar con una hoja de higuera su decisión de reconocer las elecciones.

* Aparte de la cuestión de si los medios de comunicación están nuevamente en operación o no, el mundo quiere saber algo sobre los detalles del día a día que pueden imposibilitarles el trabajo.

Gracias por el buen trabajo que todos ustedes hacen en Narco News

Darrol


Estimado Darrol,

Tanto el Canal 36 como Radio Globo están de vuelta al aire, aunque el régimen golpista no les ha devuelto su equipo el 28 de septiembre las tropas se retiraron de ambos estudios.

El Libertador ha sido reducido a una publicación mensual, el editor Jhonny Lagos y su personal están operando más o menos de forma clandestina, esto debido a las continuas amenazas de violencia en contra de ellos. No estoy consciente de que el gobierno de los Estados Unidos haya extraído alguna promesa al gobierno golpista sobre libertad de prensa o incluso que siquiera se haya abordado la cuestión.

En cuanto a las “elecciones” del 29 de noviembre, el candidato independiente Carlos H. Reyes ha retirado oficialmente su nombre de las boletas, argumentando que no participará en un proceso fraudulento. El Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado (el cuerpo coordinador de la mayor parte de la resistencia) ha llamado a un boicot de las denominadas “elecciones.”

La Organización de los Estados Americanos se reunirá probablemente la próxima semana en asamblea general, con el tema a debate del reconocimiento o no de las “elecciones”. La mayoría de las naciones de la OEA no aceptará sugerencia alguna de reconocerlas o de enviar observadores electorales, y que mantendrán las situación actual—de no reconocimiento—en vigor. Eso también pondrá a Washington en la posición donde podría perjudicar sus otros intereses en el hemisferio en caso de elegir reconocer unilateralmente las elecciones mientras el régimen golpista no ha cumplido el acuerdo de Tegucigalpa.

El tema apareció varias veces en los comunicados de prensa del Departamento de Estado estadounidense durante la semana pasada, mientras el vocero evade contestar con “sí” o “no” a cualquier pregunta sobre si los Estados Unidos reconocerán o no las “elecciones” del 29 de noviembre, incluso si el Presidente Zelaya no es restituido en el poder. Sin embargo, los comentarios del subsecretario de Estado, Thomas Shannon, la semana pasada en CNN en Español, de que Washington reconocería las “elecciones” a pesar de que se siga dando oxígeno al régimen golpista y se sigan socavando todas las otras presiones sobre él.

El Congreso de Honduras fijó un plazo para el próximo martes 17 de noviembre, para que la Suprema Corte y otros organismos emitan sus opiniones, sin compromiso legal, sobre la posible vuelta de Zelaya a la presidencia. La Corte puede emitir una declaración hoy mismo o mañana: si lo hace, se espera que salga en contra de esa solución y con las continuas amenazas de que Zelaya será arrestado en el momento en que ponga un pie fuera de la Embajada de Brasil.

Ayer, dentro de esa Embajada, el Embajador de EEUU Hugo Llorens, sostuvo una larga reunión con el Presidente Zelaya, el día de hoy regresará ahí mismo para sostener otra discusión. Zelaya dice que el entendimiento alcanzado por el Acuerdo de Tegucigalpa ya está muerto. Al mismo tiempo, no ha descartado la posibilidad de regresar a la presidencia si el Congreso lo restablece. El bloque fundamental de votos en el Congreso—55 miembros del Partido Nacional, encabezados por su candidato presidencial Pepe Lobo—no se ha pronunciado públicamente sobre como votarán si el Congreso asume la diligencia. Otros líderes del Congreso continúan diciendo de que no convocarán a dicha votación hasta después del 29 de noviembre.

Mientras tanto, el dictador golpista Roberto Micheletti se ha mantenido durante esta farsa declarándose a sí mismo la cabeza de un “gobierno de unidad nacional” (uno de los elementos del Acuerdo de Tegucigalpa).

En otras palabras, la situación en Honduras es un gran embrollo.

¿Todavía existe alguna posibilidad de que el Presidente Zelaya pueda regresar al poder antes del 29 de noviembre? Cada día se vuelve menos probable con las tácticas dilatorias del régimen, pero todavía hay una pequeña posibilidad y que es como sigue: después del plazo fijado del 17 de noviembre el Congreso tendría que convocar rápidamente a que se realicen opiniones consultivas, y el bloque del Partido Nacional tendría que votar de forma unánime, junto con un par de docenas de legisladores antigolpistas del Partido Liberal y de otros partidos minoritarios, para autorizar el retorno de Zelaya. Lo que continuamente se olvida en muchas de las declaraciones (incluyendo el regodeo mutuamente simbiótico de los golpistas internacionales de la derecha y los “teóricos del golpe de Estado de Obama” a la izquierda, para quienes Honduras, su resistencia civil, y sus luchas son simplemente peones de un tablero de ajedrez imperialista) es que Pepe Lobo está muy interesado en que esto suceda, ya que sería la única manera para que la votación del 29 de noviembre sea respetada dentro y fuera de Honduras, y es casi seguro que él sea el ganador de dicha votación ya sea legítimamente o aunque continúe siendo ilegítima. Lo que tiene mayor sentido para Lobo es hacer todo lo posible por salvar la imagen de legitimidad de esas “elecciones”, con tiempo de sobra. Esas son las duras realidades políticas sobre el terreno.

Muchos se han referido con precisión a esto como la solución de la “hoja de la higuera”, pero esta es una que, según algunas fuentes de Narco News, Zelaya todavía aceptaría en estas fechas tardías, a pesar de haber calificado al “Acuerdo” como algo muerto. (Por supuesto, que hay diversas posturas provenientes de todos lados.)

Y aunque el acuerdo de Tegucigalpa abstendría a Zelaya de presionar por una Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, no es vinculante para nadie en la resistencia nacional, ni siquiera para Xiomara Castro de Zelaya o para Pichu Zelaya. Esa es la única cuestión que no está a discusión para la resistencia, no importando que suceda en las próximas semanas.

El hecho es que incluso en junio cuando Zelaya intentó llevar a cabo una consulta sin peso legal en favor de votar el 29 de noviembre por una nueva Constitución y Asamblea Constituyente, no estaba pensado que sucediera antes de que su periodo presidencial terminará el 27 de enero próximo. Incluso si la consulta hubiera aprobado dicho proceso para el 29 de noviembre, todavía tendría que programarse otra elección para seleccionar delegados para la Asamblea, el órgano que habría de redactar la nueva Constitución.

Una vez que la votación del 29 de noviembre suceda—ya sea que sus resultados sean reconocidos o no—la prioridad para la agenda nacional será la de la demanda popular de la Asamblea Constituyente y el renacimiento de la nación que ésta pueda traer. De lo demás, la mayoría es parte del circo que se desarrolla ahí arriba, y de la obsesión de los medios de comunicación con ellos. La resistencia, luego de 136 días, no está desapareciendo. Y vamos a continuar —como lo hemos hecho siempre— con nuestro trabajo de mirar aquí abajo, en lugar de tener una fijación con lo de arriba, y reportándoles la historia real, que es lo que sucede sobre el terreno.

La retirada de la candidatura independiente de Carlos H. Reyes de las próximas elecciones generales es un porrazo más al vapuleado proceso electoral, ahora visto, en el contexto de la crisis política, no en función de la salida del conflicto sino como un recurso para dar validez al golpe de Estado militar del 28 de junio.
Esta renuncia a participar en las elecciones, según lo expresan sus integrantes, fue decidida por las bases de esta iniciativa electoral de todo el país, que, según encuestas confiables realizadas a finales de octubre, aglutina entre un 14-16 por ciento del electorado, pero con un ritmo ascendente superior al de los candidatos de los partidos tradicionales comprometidos con el régimen de facto.

Asimismo, Unificación Democrática (UD), un partido que apenas cuenta con una intención de voto de 1,5 por ciento, pero que se mantiene muy activo en el movimiento de resistencia nacional, se debate en el dilema de retirarse de las elecciones o de continuar en el juego, con la débil esperanza de aumentar sustancialmente sus cotas electorales.

El solo hecho de presentarse esta contradicción interna en la UD y en el Partido de Innovación y Unidad (PINU-SD), este último con aproximadamente 1 por ciento del electorado, nos indica, por lo menos desde el punto de vista formal, un deshoje del abanico partidista, y, con seguridad, la dinamización de la tendencia de abstención electoral como corriente dominante en el escenario político.

El fracaso de las iniciativas para darle una salida pacífica y ordenada a la crisis política, cuyo desenlace -en cierto modo previsto- parece ser irreversible en lo que toca al interior de nuestro país, viene a constituir la segunda parte del desastre político provocado por el golpe de Estado militar.
La tercera parte, por venir, será el resultado electoral carente de legitimidad y un escabroso período de acomodamiento para un nuevo gobierno débil, cuestionado localmente y en el ámbito latinoamericano, por lo menos, asimismo debatiéndose en una situación de crisis económica descomunal en nuestro pequeño mundo de miseria, marginación social e intensa degradación del liderazgo.

Tal como se puede apreciar la realidad hondureña en ésta y en las próximas horas, la única tabla de flotación -y tal vez de salvación- es una acción internacional decisiva para rescatar el estado de derecho, la constitucionalidad y la institucionalidad en Honduras sin andarse con contemplaciones y por las ramas, a diferencia de cómo hasta ahora.

Hoy habrá de reunirse la asamblea general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para tratar el caso de Honduras, y, de acuerdo con los pronunciamientos al respecto de organizaciones como el Grupo de Río, UNASUR y ALBA, lo que cabría esperar es precisamente eso, para darle funcionalidad a la Carta Democrática Interamericana, y, por así decirlo, para ratificar la hermandad de sangre de los pueblos de América Latina.

Pagina12.com.ar

Envalentonada por algunas señales de que EE.UU. podría reconocer las elecciones del 29 de noviembre aun si Zelaya no es restituido, la dictadura logró escabullirse en los grises del texto negociado, ignorando las presiones.

Menos de una semana; eso fue lo que duró la esperanza en Honduras. Ayer a la madrugada el presidente legítimo Manuel Zelaya anunció, con bronca y frustración, el fracaso del acuerdo que sus negociadores habían firmado con la dictadura de Roberto Micheletti el viernes pasado. Otra vez el régimen de facto había logrado esquivar las presiones internacionales y escabullirse en los grises del texto negociado bajo los ojos del gobierno norteamericano y la cúpula de la OEA. Minutos antes de que se cumpliera el plazo de la medianoche, Micheletti había anunciado la creación de un gabinete de unidad y reconciliación nacional, sin Zelaya ni sus aliados. Los dos miembros extranjeros de la Comisión Verificadora, la secretaria de Trabajo norteamericana, Hilda Solís, y el ex presidente chileno, Ricardo Lagos, no emitieron palabra. El mandatario derrocado había quedado arrinconado otra vez. Sólo le quedaba una movida, romper el acuerdo. “Yo no tengo ya compromiso con el diálogo”, sentenció desde su bunker en el medio de la noche.

A la luz del día, la bronca había amainado dentro de la embajada brasileña y comenzaba a ser reemplazada por la cautela y el formalismo extremo, una cualidad poco común entre los zelayistas. “Entendemos que el acuerdo es letra muerta; fue incumplido por una de las partes. Por eso ahora hemos elevado el tema al seno de un lugar donde sí hay democracia, el Consejo Permanente de la OEA”, explicó a este diario uno de los hombres de confianza del mandatario derrocado, Rasel Tomé. Después de unas horas de sueño, el abogado zelayista hablaba pausado, cuidando cada una de sus palabras. “No existe un presidente electo democráticamente que pueda avanzar y reconocer un presidente electo por una dictadura. Más de 30 personas han sido asesinadas, miles resultaron heridos y la represión continúa. Ningún gobierno democrático puede reconocer eso”, señaló.

Más que una afirmación parecía que se estaba autoconvenciendo. En las últimas 24 horas el gobierno norteamericano dio algunas señales de que podría reconocer las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, aun si Zelaya no es restituido en el gobierno (ver recuadro). Ayer la voz cantante desde Washington la llevó el vocero del Departamento de Estado, Ian Kelly. “Estamos decepcionados con ambas partes por no seguir este camino bien delineado. Necesitan sentarse y dialogar de nuevo. Deben dejar de hacer pronunciamientos extremos como que el acuerdo está muerto”, aseguró el funcionario, en alusión a la sentencia anunciada por Zelaya ayer a la madrugada.

Kelly fue el primer miembro del gobierno norteamericano que reconoció ayer que la dictadura hondureña tampoco había cumplido con su parte. “Un gobierno decidido unilateralmente no es un gobierno de unidad”, agregó el vocero. Pero sus críticas no afectaron a los golpistas, que ayer se felicitaban mutuamente por haber sido los únicos que cumplieron al pie de la letra el llamado acuerdo de Tegucigalpa-San José.

“Los que rompieron el acuerdo fueron ellos –se apuró a explicar César Cáceres, vocero del régimen de facto–. Nosotros ya anunciamos que se va a integrar el gabinete de unidad nacional.” Pero ayer, más de doce horas después de vencido el plazo del acuerdo, Micheletti aún no había entregado la lista con los nombres de los ministros elegidos ni había programado una ceremonia para tomarles juramento. A la noche, cuando ya era evidente la ausencia de cambios, el dictador propuso postergar la asunción hasta la semana próxima. “Para darle tiempo a Zelaya”, explicó, con un tono gentil, el hombre que consiguió mantenerse en el poder casi cuatro meses y medio.

Según explican en el Palacio de Gobierno, la dictadura tiene planeado seguir adelante con el acuerdo, o al menos con la versión que eligieron de él. “Si el Congreso vota a favor de la vuelta de Zelaya entonces será restituido y encabezará el nuevo gabinete de unidad nacional”, explicó el vocero del régimen de facto. En la embajada brasileña preferían evitar esa opción. “Por ahora lo que podemos adelantar es que se abra el debate dentro de la OEA. Si hay una lección que aprendimos en estos cuatro meses de lucha es que con los golpistas no se puede dialogar, no entienden el lenguaje de la democracia”, señaló el asesor Rasel Tomé.

En los seis días que duró el acuerdo, los zelayistas no consiguieron sellar el apoyo de la bancada del Partido Nacional, la fuerza que responde al candidato presidencial favorito en todas las encuestas, Porfirio Lobo. Según confió una fuente cercana a las negociaciones entre los diputados hondureños, los nacionalistas habrían propuesto restituir a Zelaya más cerca de las elecciones. “De esa manera se aseguran que mantendrán la ventaja electoral que tienen ahora. Hay muchos liberales (Zelaya pertenece al Partido Liberal) que ya adelantaron que no participarán de las elecciones si la democracia no es restituida antes”, explicó el dirigente, quien pidió no revelar su nombre. Lo que aún no está claro es si el mandatario derrocado aceptaría una vuelta sobre la fecha de los comicios.

Percy Francisco Alvarado Godoy
Rebelión

Al evaluar el desenlace actual de los acontecimientos en Honduras, en el que Estados Unidos logró capitalizar la solución a la crisis de manera tal que el principal perjudicado será el pueblo hondureño por un lado y, por otro, salen impunes totalmente los viejos resortes del golpismo, no me queda más remedio que recordar aquella frase expresada por Ernesto Guevara de la Serna en un discurso pronunciado en 1964, cuando expresó: “No se puede confiar en el imperialismo, pero ni un tantito así. Nada”.

La verdad es que en el rejuego político desatado en busca de una solución diplomática a un hecho repudiado mundialmente: el golpe anticonstitucional del 28 de junio de 2009 contra Manuel Zelaya Rosales, las naciones latinoamericanas se dejaron meter en la trampa urdida por la ultraderecha tácitamente dominante en Estados Unidos, dejando a la siempre veleidosa OEA, al genuflexo presidente de Costa Rica y a otros factores de dudoso compromiso con la restitución del orden democrático, como los miembros demócratas y republicanos del Senado de EE UU, así como al propio Departamento de Estado norteamericano, el papel de facilitadores y coordinadores de los arreglos posibles.

Mientras el pueblo ha combatido en las calles por la restitución democrática y un ingenuo Zelaya se enredaba en reclamos de ayuda a la diplomacia pervertida de la OEA y a la doble cara de Estados Unidos, las trampas fraguadas entre los golpistas y sus benefactores se estaban entretejiendo a espaldas de la opinión pública internacional.

¿De qué sirvieron, me pregunto, si realmente fueron sinceras, las tibias condenas de la Casa Blanca contra Micheletti, que incluyeron sólo vagas medidas para complacer a todos, como la negación de visas a los usurpadores del poder, mientras el Departamento de Estado y otras agencias estadounidenses apoyaban a los militares golpistas? Nunca Estados Unidos se opuso con energía a la violación de la constitucionalidad en Honduras. Nunca los emisarios de la Casa Blanca presionaron con todos los medios de que dispone la gran potencia para que se restituyera a Zelaya.

¿De qué sirvieron las declaraciones ambiguas y las visitas de los representantes del Partido Demócrata a Honduras a favor de la restitución de Zelaya, si éstas se realizaron casi en los mismos momentos en que miembros del Partido Republicano como Jim DeMint, Ileana Ross Lehtinen y los hermanos Mario y Lincoln Díaz Balart, santificaban el golpismo y brindaban su apoyo de forma descarada al usurpador Micheletti? La verdad es que tanto Obama como los demócratas tuvieron claro que los republicanos tenían la sartén por el mango y les chantajearían dentro del Congreso, tanto para desbloquear el nombramiento de Arturo Valenzuela como Subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental como para flexibilizar sus posiciones con respecto a las reformas que ha querido llevar a cabo el presidente con respecto a los asuntos domésticos y sobre la guerra en Afganistán e Iraq, a cambio de santificar el continuismo golpista.

La verdad de Perogrullo es que si Estados Unidos hubiera querido sacar de su redil a Micheletti y comparsa, y hacer volver a los militares a sus cuarteles, podría haberlo logrado si ése hubiera sido su verdadero y legítimo deseo.

El golpe de Estado contra Zelaya no fue sólo, en realidad, la acción aislada de expulsarlo del palacio de gobierno. Fue una clara advertencia a las naciones latinoamericanas de que la Doctrina de la Seguridad Nacional todavía está vigente. Fue, sin lugar a dudas, un ataque contra el ALBA, golpeando su eslabón más débil.

Lo peligroso de este proceso en Honduras es que resulta, en la práctica, una modelación para evaluar la capacidad de respuesta de los países de América Latina, de la Unión Europea, que por cierto solo se quedó en un ruborizado estupor ante el golpe de Estado y en tibias declaraciones de repudio, y de las frágiles organizaciones internacionales como la ONU y la OEA, en el escenario actual.

Los peligros que entraña la impunidad de los golpistas en Honduras para las naciones de América Latina, son todavía invaluables e inimaginables. Significa, en esencia, el retorno a los viejos tiempos del garrote, a las abominables prácticas de la impunidad hegemónica y a forzar la desaceleración de los procesos revolucionarios en el continente.

No cabe duda de que los principales protagonistas para evitar que se viole impunemente la constitucionalidad en Honduras son, en primer lugar, el pueblo hondureño y, en segundo lugar, el accionar internacional de las naciones latinoamericanas, pues hoy ha sido Honduras y mañana podrá ser alguna de ellas como anuncian los actuales planes desestabilizadores contra los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Chile, Argentina, Nicaragua y El Salvador. El mundo tampoco puede hacerse cómplice con su silencio.

LAS TRAMPAS DE ESTADOS UNIDOS CONTRA LA CONSTITUCIONALIDAD EN HONDURAS.

● La primera de ellas es crear un estado de opinión desfavorable a Zelaya, declarándose "decepcionado" por la interrupción del proceso de diálogo y la necesidad de formar un Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional en Honduras, para dar cumplimiento a lo pactado en el Acuerdo San José-Tegucigalpa, según declaró el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, el día 6 de noviembre.

La negativa de Micheletti de restituir a Zelaya en la presidencia y su interés por mantenerse al mando del Gobierno de Unidad y Reconciliación, bajo la bendición del Congreso, se ha constituido en una abusiva posición de fuerza, sabiéndose apoyado por Estados Unidos. La no aceptación del continuismo de Micheletti ha servido para que se tienda sobre Zelaya la culpa del estancamiento de los acuerdos.

El senador republicano Jim DeMint dio un espaldarazo a las pretensiones continuistas de Micheletti al declarar que la Secretaria de Estado, Hillary Clinton le prometió aceptar el resultado de las elecciones hondureñas del 29 de noviembre sea o no Zelaya restituido en la presidencia.

Hoy por hoy, todo parece indicar que Zelaya ha sido excluido definitivamente del sillón presidencial gracias a las maniobras dilatorias de Micheletti, en alianza con el Congreso, la Fiscalía General y el Tribunal Supremo hondureños y la sórdida complicidad norteamericana.

● La confirmación de Arturo Valenzuela por parte del Senado de Estados Unidos como Subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, a la que se oponían varios legisladores republicanos encabezados por Jim DeMint, parece haber sido el precio de un acuerdo negociado entre el ala republicana del Congreso y la administración del presidente Obama.

Las tácticas de Estados Unidos están encaminadas a inculpar a Zelaya y avalar los comicios inconstitucionales venideros, desconociendo de hecho la posibilidad de que sea restituido a la presidencia. Con Micheletti a cargo del Gobierno de Unidad y Reconciliación, Mel ha sido puesto a un lado por confiar en quienes no debía hacerlo. Al respecto, expresó el portavoz del Departamento de Estado para América Latina, Charles Luoma-Overstreet: "Nuestro compromiso de apoyar las elecciones hondureñas es producto de este acuerdo".

Mel Zelaya y el pueblo hondureño no pueden ser los únicos perdedores en este asunto. La administración de Barack Obama, enredada hasta los tuétanos en la guerra genocida en Iraq y Afganistán, comprometida a sacar al país de la acuciante crisis económica que padece y presionada a cumplimentar las reformas sociales que prometió al país, no ha evaluado el coste político que significó ceder ante la ultraderecha republicana con respecto a la solución hondureña.

La violación de la institucionalidad en Honduras y la actuación de Estados Unidos al bendecirla, lavándose las manos como Poncio Pilatos bajo el falso argumento de que la decisión final corresponde a los hondureños, deteriorarán sin lugar a dudas su imagen en América Latina.

No cabe la menor duda que Arturo Valenzuela será su carta de triunfo en el acercamiento hacia América Latina, dado que este diplomático y académico de origen chileno es un amplio conocedor de las características del continente. Un breve repaso a su currículo lo demuestra: Con un doctorado en Ciencias Políticas de la Universidad de Columbia, Nueva York, ha sido un especialista en cuestiones latinoamericanas, tales como la consolidación de la democracia, sistemas electorales, partidos políticos, las relaciones militares-civiles y los lazos entre EE.UU. y América Latina. Es un experto en la política chilena, mexicana y en asuntos relacionados con América del Sur, así como asesor para las reformas políticas, electorales y constitucionales en Bolivia, Chile, Brasil, Ecuador y Colombia.

Su currículo se complementa con su labor docente como profesor de política gubernamental norteamericana y director del Centro para Estudios Latinoamericanos en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown.

Su labor como diplomático alcanzó su cenit durante las dos administraciones de Bill Clinton, siendo de Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos en el primer mandato de Clinton (1993-1997) y Asistente Especial para Asuntos de de Seguridad Nacional y Director de Asuntos Interamericanos en el Consejo de Seguridad Nacional en el segundo mandato clintoniano, entre 1997 y el año 2000.

La labor de Valenzuela, dirigida a ganar el terreno perdido por Estados Unidos en América Latina será, sin lugar a dudas, sumamente escabrosa, si de lograr mayor cooperación entre ésta y Estados Unidos se refiere.

LA PALABRA DE LA RESISTENCIA.

Si el Frente Nacional contra el golpe de Estado de Honduras ha encabezado la movilización contra los golpistas durante estas largas jornadas de lucha, convocando marchas de repudio ante cada maniobra de Micheletti, a él se han sumado diversos grupos inicialmente vinculados a la asonada, como es el caso de varios candidatos independientes y del Partido Unificación Democrática, de los sectores del Liberal e Innovación y Unidad Social Demócrata opuestos al golpe, quienes ya anunciaron su retiro de las elecciones amañadas de finales de mes.

El Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe tiene claro que su papel actual es movilizar a cada hondureño para sabotear el amañado proceso electoral venidero, si Zelaya no es restituido en su cargo.

En este sentido, millares de opositores al golpe pidieron la restitución de Zelaya ante el Congreso hondureño, el pasado seis de noviembre.

Mientras tanto, diversos hechos como el secuestro de Alfredo Jalil, padre del Vicejefe del Ministerio de Defensa hondureño, el asesinato de Enzo Micheletti, sobrino del usurpador presidencial, y el asesinato del Coronel Concepción Jiménez, gerente de INDUMIL, hacen pensar que varios sectores de la resistencia pueden estar apostando por enfrentar la represión con la violencia revolucionaria.

Está claro para todos que el futuro de Honduras está en juego y, con él, el futuro de América toda.

Por Carlos Rivera Lugo
Catedrático universitario
Mayagüez, Puerto Rico

No hay que ser muy listo para entender que lo suscrito en Tegucigalpa, el pasado 29 de octubre, constituye una ventana tan sólo entreabierta para una posible solución a la crisis política hondureña provocada por el golpe cívico-militar de hace cuatro meses. Las desavenencias de unos y otros en torno a la interpretación de sus términos concretos, específicamente sobre la restitución inmediata del presidente constitucional Manuel Zelaya, da fe de que lo que en sus inicios fue celebrado como un acuerdo que destrancaba el conflicto, con el tiempo deviene en profundo desacuerdo que podría hacer volar en cantos lo alegadamente avanzado.
La píldora venenosa es el controvertido punto quinto del acuerdo en el que se deja al Congreso Nacional “como expresión institucional de la soberanía popular” y en consulta con la Corte Suprema, para que resuelva si procede “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio hasta la conclusión del actual periodo gubernamental, el 27 de enero de 2010”. En otras palabras, se deja a la discreción de dos de las instituciones responsables del golpe y de la transgresión del orden constitucional, si Zelaya es restituido como mandatario constitucional. De paso, éstas se legitiman como expresiones institucionales de “la soberanía popular” cuando, de hecho, con sus acciones golpistas en todo momento han demostrado un claro desprecio por la voluntad expresa en las urnas de esa misma soberanía popular.

Por ejemplo, el segundo punto de lo pactado obliga a Zelaya a abstenerse de hacer llamamientos a “la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de modo directo o indirecto” y a renunciar a “promover o apoyar cualquier consulta popular con el fin de reformar la Constitución”. Así es el modelo liberal en sus pretensiones democráticas: desconfía del poder constituyente del soberano popular y prefiere, por ello, maniatarlo por medio de una institucionalidad gubernamental, alegadamente representativa, que termina por negarle al pueblo sus prerrogativas soberanas.

En ese sentido, lo convenido representa una bofetada al derecho inalienable a la autodeterminación que le es consustancial al pueblo como poder constituyente y legitimador de cualquier orden político que aspire a ser considerado democrático. La respuesta del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado no se dejó esperar: “Reiteramos que la Asamblea Nacional Constituyente es una aspiración irrenunciable del pueblo hondureño y un derecho innegociable por el cual seguiremos luchando en las calles, hasta lograr la refundación de la sociedad para convertirla en justa, igualitaria y verdaderamente democrática”,

De ahí que ya se va generalizando la percepción de que los golpistas se han salido con la suya y al suscribir el pacto se aseguraron que nada en él les obligaría a restituir a Zelaya, quien desde el 21 de septiembre se encuentra asilado en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Aún así consigue la tan deseada e imprescindible legitimidad internacional para las elecciones generales programadas para el próximo 28 de noviembre. Por eso, desde la firma, sólo se han dedicado a darle la vuelta al tema de la restitución del mandatario depuesto, incluyendo la negativa a convocar de inmediato al Congreso. Ello ha llevado a Zelaya ha denunciar los “juegos oscuros” de los golpistas para evitar que se cumpla con la totalidad de lo acordado. Ha puntualizado que si no se le restituye, “entonces no hay acuerdo”.

“Existe un acuerdo de 12 puntos y ninguno es un punto aislado del otro. No se puede aprobar uno y dejar pendiente el otro”, puntualizó Zelaya. El propio Zelaya, sin embargo, admite que conforme a lo pactado lo que existe es una obligación moral del Congreso para actuar, retrotrayendo la situación al orden constitucional que existía antes del golpe. Es cuestión de “voluntad política” que los golpistas decidan cumplir con lo que, a todas luces, constituye el centro neurálgico del conflicto: la restitución.

¿Cómo fue que lo que hasta ahora era el aspecto central del conflicto trabado, la restitución de Zelaya, haya pasado de repente a un segundo plan para dar paso a la validación internacional de los comicios próximos como imperativo medular de la solución pactada? Según diversas fuentes cercanas a las negociaciones, los representantes de Washington, el subsecretario de Estado Thomas Shannon y el asesor presidencial Dan Restrepo, se encargaron de redefinir el objetivo a conseguir. Para éstos, ante las dificultades confrontadas para solucionar el conflicto según definido hasta ese momento, había que redefinirlo, desplazando el requisito sine qua non de la restitución por el logro de un acuerdo político en función de las elecciones del 28 de noviembre próximo. Sólo así se podría legitimar los resultados de los comicios, ya que los representantes estadounidenses advirtieron al gobierno de facto que, sin un acuerdo, Washington definitivamente no reconocería sus resultados, al igual que los demás gobiernos de las Américas. No sólo eso: pusieron sobre la mesa su proverbial “garrote” imperial, un conjunto de seis medidas que Estados Unidos tomaría de no haber un acuerdo, entre las cuales incluía la exclusión de Honduras del Tratado de Libre Comercio Centroamérica-Estados Unidos; la retirada del embajador estadounidense Hugo Llorens; y la inclusión de Honduras en la lista de países responsables de graves violaciones a los derechos humanos.

Ahora bien, la “zanahoria” imperial fue la confección de un acuerdo final que en nada obligaba legalmente al gobierno de facto a restituir a Zelaya, lo que había sido su principal demanda de siempre. Y en todo caso, de ser restituido, se recortaría de tal manera la autoridad presidencial que prácticamente quedaría éste como figura casi decorativa. Por ejemplo, no sólo no podrá seguir adelantando la principal reivindicación de sus seguidores, la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, sino que no tendrá control sobre las Fuerzas Armadas y la mitad del gabinete ejecutivo estará integrado por designados del gobierno de facto.

Además, para todos fines prácticos, Zelaya sólo le quedaría una veintena de días antes de las elecciones, a partir de las cuales el centro político de atención pasará al presidente-electo que, según los sondeos, será Porfirio Lobo del derechista Partido Nacional, uno de los soportes políticos del golpe. Por su parte, los zelayistas se aprestan a volcarse ahora hacia la contienda electoral a favor de una fórmula integrada por Cesar Ham, del izquierdista Partido Unificación Democrática, y el independiente Carlos Reyes, ambos críticos del golpe.

Según lo pactado, el lunes 2 de noviembre se instaló un Comité de Verificación del acuerdo integrado, por el ex presidente chileno Ricardo Lagos y la secretaria de Trabajo de Estados Unidos, Hilda Solís, así como por un representante de Zelaya y otro del gobierno de facto. Asimismo, este jueves 5 de noviembre se deberá conformar un “gobierno de unidad y reconciliación nacional”, aunque el acuerdo no especifica quién lo presidirá. Ante la dilación en la convocatoria del Congreso para votar sobre la restitución de Zelaya, está en el limbo no sólo la cabeza de ese gobierno sino que, sobre todo, la capacidad misma para la constitución de este Ejecutivo acéfalo.

En ese sentido, si hay algo que sí queda meridianamente claro es que, en lo esencial, lo único pactado fue el desacuerdo. Queda, pues, mucha lucha por delante para revertir los oscuros designios de los golpistas y sus adláteres imperiales.

Por Eva Golinger
Aporrea


Henry Kissinger decía que la diplomacia es “el arte de refrenar el poder”. Obviamente, el ideólogo más influyente de la política exterior estadounidense del siglo XX estaba haciendo referencia a la necesidad de “refrenar el poder” de otros países y gobernantes para poder mantener la posición dominante de Estados Unidos ante el mundo. Presidentes como George W. Bush, empleaban el “poder duro” (Hard Power) para lograr este fin: armas, bombas, amenazas e invasiones militares. Otros como Bill Clinton, utilizaban el “poder suave” (Soft Power): la guerra cultural, Hollywood, ideales, diplomacia, autoridad moral y campañas para ganar “las mentes y corazones” de las poblaciones civiles en países adversarios. Pero la administración de Barack Obama ha optado por una mutación de estos dos conceptos, fusionando el poder militar con la diplomacia, la influencia política y económica con la cultural y legal, y llamándolo el “poder inteligente” (Smart Power). Su primera aplicación ha sido en el caso de Honduras, con el golpe de estado, y hasta hoy, ha funcionado a la perfección.

Decía la Secretaria de Estado Hillary Clinton en su audiencia de confirmación ante el Senado de Estados Unidos, que “debemos utilizar lo que se ha llamado el “smart power”, el rango completo de herramientas que están a nuestra disposición –diplomáticas, económicas, militares, políticas, legales y culturales– escogiendo la herramienta correcta, o combinación de herramientas, para cada situación. Con el “smart power”, la diplomacia sería la vanguardia de nuestra política exterior.” Luego, Clinton reforzaba este concepto afirmando que “el camino más sabio es primero utilizar la persuasión.”


¿Qué es lo inteligente de ésta concepción? Es una política dificil de clasificar, dificil de detectar y dificil de desmontar. El caso de Honduras es ejemplar. Por un lado, el Presidente Obama condenaba al golpe contra el Presidente Zelaya, y por otro lado, su embajador en Tegucigalpa se reunía constantemente con los golpistas. La Secretaria de Estado Clinton repetía muchas veces durante los últimos cuatro meses, desde el primer día del golpe, que Washington no quería meterse ni influir sobre la situación en Honduras –que eran los hondureños que tenían que resolver su crisis, sin ninguna injerencia externa. No obstante, fue Washington que impuso la mediación de Oscar Arías, presidente de Costa Rica, era Washington que seguía financiando al régimen golpista a través de la USAID, y era Washington que comandaba y controlaba las fuerzas armadas hondureñas, a través de la base militar Soto Cano (Palmerola).

También fue el lobby de Washington que redactó el “acuerdo” de San José, y en el final, fueron los altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado que tuvieron que “persuadir” a los hondureños para que aceptaran ese acuerdo. A pesar de la constante injerencia de Estados Unidos en el golpe de estado en Honduras – desde su financiación, diseño y apoyo político hasta el apoyo militar – el “smart power” logró distorcionar la realidad ante la opinión pública, convertiendo al duo Obama/Clinton en los “grandes ganadores del multilateralismo”.

Lo que hizo el “smart power” fue disfrazar el unilateralismo estadounidense de multilateralismo. Del primer día, la agenda de Washington se impuso. El 1 de julio, los voceros del Departamento de Estado admitieron en una rueda de prensa que tenían conocimiento previo del golpe. También admitieron que dos altos funcionarios de la diplomacia estadounidense, Thomas Shannon y James Steinberg, estuvieron en Honduras la semana anterior al golpe para mantener reuniones con los grupos civiles y militares que lo llevaron a cabo. Decían que su propósito era “frenar el golpe”, pero ¿cómo se explica entonces el hecho de que el avión llevando al presidente Zelaya ilegalmente fuera del país salió de la base militar de Soto Cano, en la presencia de los militares estadounidenses?

Los hechos demuestran la verdad sobre el papel de Washington en el golpe de estado, y su posterior experimento exitoso con la aplicación del “smart power”. Sabían del golpe, financiaban a los involucrados, ayudaron sacar al Presidente Zelaya del país y luego, utilizaron a la Organización de Estados Americanos (OEA) –en un momento incluso en que estaba en peligro de extinción– como fachada para imponer su agenda. En su discurso, el Departamento de Estado siempre legitimaba a los golpistas, llamando a “todas las partes… a resolver las disputas políticas de manera pacífica a través del diálogo”. ¿Desde cuando un usurpador ilegal del poder es considerado “una parte” légitima dispuesta a dialogar? Obviamente es un actor criminal que no estaba dispuesto a dialogar en primer lugar. Basada en esa lógica de Washington, el mundo debería hacer un llamado al gobierno de Obama para que “resuelva su disputa política con Al Qaeda de manera pacífica a través del diálogo”.

El “smart power” de Obama/Clinton logró su primera victoria durante los primeros días del golpe cuando los estados miembros de la OEA aceptaron la solicitud de esperar 72 horas para “darles tiempo” en Honduras para resolver su crisis. Luego vino la imposición de la mediación de Arias, y ya, de haber cedido tanto espacio a Washington, el imperio tomó el reino y lo llevó hasta el final. Cuando el presidente Zelaya se fue a Washington para reunirse con la Secretaria de Estado Clinton, fue obvio quien estaba en control. Y así lo jugaron, alargando el tiempo hasta el último momento para no permitir un regreso de Zelaya que tuviera el espacio de revertir lo que ya se habían logrado.

El pueblo se quedó fuera, los meses de represión, violencia, persecución, violaciones, toques de queda, cierres de medios de comunicación y torturas y asesinatos, se han olvidado. Menos mal, como dijo el Subsecretario de Estado Thomas Shannon, luego de lograr hacer firmar el “acuerdo” entre Micheletti y Zelaya, que la situación en Honduras se pudo resolver “sin violencia”.

Al firmar el acuerdo el pasado 30 de octubre, Washington “levantó” las pocas restricciones que había impuesto para presionar al régimen golpista. Ya pueden sacar sus visas y viajar al norte, no se tienen que preocupar por los millones de la USAID que ni siquiera se habían suspendido. Los militares estadounidenses en Soto Cano pueden reiniciar todas sus actividades -bueno, realmente nunca las habían dejado de hacer, como confirmó el Comando Sur del Pentágono, días después del golpe: “todo está normal con nuestras fuerzas armadas en Honduras, están haciendo sus actividades y maniobras conjuntas con los hondureños como siempre”. Washington está preparando su delegación de observadores para las elecciones en Honduras el próximo 29 de noviembre –ya están en camino.

Olvídense del torturador Billy Joya y los paramilitares colombianos enviados para ayudar al régimen golpista a “controlar” a la población. No se preocupen por el arma sónica LRAD utilizado para torturar a los habitantes en la embajada de Brasil, durante la estadía de Zelaya. No pasó nada. Como dijo Thomas Shannon, “felicito a dos grandes hombres por haber logrado este acuerdo histórico”. Y la Secretaria de Estado Hillary Clinton comentó que “este acuerdo es un logro tremendo para los hondureños”. Disculpe, ¿para quién?

En el final el celebrado “acuerdo” impuesto por Washington sólo llama al congreso de Honduras –el mismo que falsificó la renuncia de Zelaya para justificar el golpe, y el mismo que apoyó la instalación ilegal de Micheletti en la presidencia– de determinar si quieren o no restituir a Zelaya en la presidencia. Y sólo después de recibir una opinión de la Corte Suprema de Honduras –la misma que opinó que Zelaya era un traidor por promover una encuesta no vinculante sobre una posible reforma constitucional y la misma que ordenó su captura violenta. En caso de ser positiva la respuesta del congreso, Zelaya no tendrá ningun poder. Su gabinete sería impuesto por los partidos que apoyaron el golpe, las fuerzas armadas golpistas estarían bajo el control de la Corte Suprema golpista, y además, Zelaya podría ser enjuiciado por su supuesto “crimen”, por haber promovido una encuesta no vinculante sobre una potencial reforma constitucional.

Según el “acuerdo”, una comisión de la verdad supervisará la implementación de los términos acordados. Hoy anunciaron que la comisión será liderada por una ficha de Washington, el ex presidente chileno, Ricardo Lagos. Promotor de las políticas neoliberales de Washington, Lagos es codirector de la Junta Directiva del Diálogo Interamericano, un centro de pensamiento estadounidense de la derecha que analiza los temas relacionados con América Latina. También fue encargado por la National Endowment for Democracy (NED) para crear una versión chilena, la Fundación Democracia y Desarrollo, para “promover la democracia”, al estilo estadounidense en la región. Al salir de la presidencia en Chile, Lagos fue Presidente del Club de Madrid –un club exclusivo de expresidentes dedicados a “promover la democracia” por el mundo. En ese “club”, también figuran personajes vinculados con la desestabilización de los gobiernos de izquierda en América Latina como Jorge Quiroga y Gonzalo Sánchez de Lozada (ex presidentes de Bolivia), Felipe González (ex primer ministro de España), Václav Havel (ex presidente de la República Checa) y José María Aznar (ex primer ministro de España), entre muchos otros.

En el final, el “smart power” fue lo bastante inteligente para engañar a los que hoy se abrazan y celebran “el fin de la crisis” en Honduras. Pero para la mayoría del pueblo latinoamericano la victoria del “smart power” de Obama/Clinton en Honduras significa una sombra muy oscura y peligrosa que se nos acerca. Apenas iniciativas como el ALBA estaban logrando la independencia en América Latina del poder estadounidense. Por primera vez, los países y pueblos se levantaban en colectivo con dignidad y soberanía para determinar sus propios futuros. Y llegó Obama con su “smart power” y golpeó al ALBA, debilitó la integración latinoamericana y aplastó cualquier pensamiento de independencia y soberanía en el patio trasero de Washington.

Arrodillados y entregados ante Washington, “fue resuelta” la crisis en Honduras, la misma que se había fomentado en el norte. Ahora, se habla de Paraguay, Nicaragua, Ecuador y Venezuela, donde cada día aumenta la subversión, la contrainsurgencia y la desestabilización. El pueblo de Honduras sigue en resistencia, a pesar del “acuerdo” entre sus gobernantes. Su insurrección y compromiso con la reivindicación de sus derechos es el símbolo de la dignidad. La única manera de derrotar a la agresión imperial –que sea inteligente o que sea bruta– es a través de la unión e integración de los pueblos, a todo nivel.

“Lo ilegal lo hacemos de inmediato. Lo inconstitucional tarda más tiempo.” (Henry Kissinger).

Por Pedro Ayres
Periodista brasileño
Blog: Crônicas e Críticas da América Latina



Las últimas noticias venidas de Honduras parecen indicar que el acuerdo firmado entre el grupo golpista y el Presidente Manuel Zelaya está con todas las características de ser una variante de los golpes teóricamente planeados por Gene Sharp, del "Albert Einstein Institute". Golpes en que el factor violencia y sus resultados colaterais tienen sus efectos iguales a los que serían producidos por una "operación limpia" de la CIA y similares europeos. Esa variación del "golpe suave" fue el camino que el Pentágono, la CIA y el Departamento de Estado encontraron para solucionar un error de cálculo, que fue hacer un golpe a la antigua. Ese "Golpe Suave" aunque sólo ahora sea perfectamente tipificado, en verdad ya estaba contenido y representaba la esencia política del famoso "Plan Arias" o "el Acuerdo de San José".

Donde, aunque se sostuviera el derecho de Manuel Zelaya a la Presidencia de su país, con la restitución de su cargo, reforzaba el poder de las oligarquias golpistas, de los militares y de sus aliados externos, sea por la absurda castración de todos los poderes del presidente, sea refrendando las falsas acusaciones que los golpistas hacían contra Zelaya a través de las barrocas comisiones de verificación y de la verdad, además de suprimir cualquier tipo de participación popular del proceso y dar forma pétrea al alejamiento a cualquier veleidad reformista que surgiera del pueblo. Se puede hasta decir que es el neoliberalismo aplicado a la política, pues, al sean reducidas las cualificaciones y atribuciones del poder ejecutivo nacional, se crea la "presidencia mínima".

Como los sectores golpistas creían en la fuerza de las armas y en la capacidad manipuladora de la mídia nacional e internacional para "convencer" y controlar el pueblo, nada hicieron para dar secuencia a ese "suave" proyecto del Departamento de Estado. Un comportamiento que aguzaba más y más, no sólo las contradicciones económicas, políticas y sociales de Honduras, pero, por encima de todo, estaba creando nuevas, reales y auténticos liderazgos populares, Juan Barahona, Rafael Alegría, Bertha Oliva, Carlos H. Reyes, César Ham, etc, que a los pocos avanzaban en la construcción de un otro modo de entender y hacer política. Y esto ya estaba siendo asimilado por la masa.

Con la vuelta de Zelaya a Honduras o mejor a la Embajada del Brasil en Tegucigalpa, que fue un dato fuera de todos los parámetros golpistas, el cuadro se hizo más confuso. Aunque el "suave Acuerdo de San José" fuese una referencia política posible hasta por Manuel Zelaya, el núcleo golpista central oponía incontables restricciones y dificultades para sus desdoblamientos, en un reflexo de la clara división de poder que hoy existe en los EE.UU. El resultado fue el gradual compromiso del Ministerio de las Colonias(OEA) y del Departamento de Estado en la urgente ejecución del "suave Acuerdo" como forma de evitar que la situación ultrapasara el límite del tolerable para el imperio y aumentase el visible desgaste político de Barack Obama en la región a causa de sus vacilaciones y apoyo al Estado terrorista de Álvaro Uribe.

Así, como en un pase de mágica los tres representantes imperiales consiguieron "solventar" lo que estaba tardando meses: la legitimación del golpe, reducir Zelaya a la mínima expresión política, alejar el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado de cualquiera conversación político-institucional y desmobilizar la opinión pública mundial gracias al relajamiento de las tensiones que la represión golpista creaba y estimulaba.

Es claro que para Manuel Zelaya, retenido en la Embajada brasileña y prisionero de sus principios de resistencia pacífica, poco campo de maniobra le restaba. Pedir que la población se declarase en real estado de insurreción y tentase uno contra-golpe a través de la lucha armada era algo impensable, pues, sería lo mismo que estar condenando a la muerte los patriotas hondurenhos.

Aceptar esa capitis diminutio política, aunque pudiera aparentar flaqueza y cierta tibieza, en la realidad puede significar la ampliación del formidável desnudamiento de los "principios" democráticos defendidos por el imperio y sequazes. Un desnudamiento o desenmascaramiento de la ilusión que es la democracia representativa para los intereses y derechos de los pueblos, como la actual Constitución de Honduras, la dictadura de Micheletti y el "suave acuerdo de Shannon" tuvieron la gentileza de reafirmar. O sea, aunque el Congreso hondureño postergue al máximo o nada haga en pro a la restitución de la Presidencia al Presidente José Manuel Zelaya Rosales, el patente fracaso de ese golpe servirá como línea de conducta para todas las luchas políticas que sean trabadas en la América Latina. Una o más elecciones, con apoyo o sin apoyo internacional, con las bendiciones o sin bendiciones de los Estados Unidos, no crearán legitimidad alguna para el Gobierno que pueda salir en 29 de noviembre de 2009. Y será cada vez mayor el foso entre la aplastante mayoría del pueblo de Honduras y aquellos que detienen la posesión y el control de la economía del país. El perfecto cuadro para una permanente inestabilidad institucional, aún con todas las "revoluciones coloridas y golpes suaves" que el imperio pueda propiciar.

Conozca los términos del Acuerdo firmado entre Manuel Zelaya y los golpistas.

Por Carlos Aznarez
Editorial Resumen Latinoamericano


No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el acuerdo firmado por el presidente legítimo de Honduras, Manuel Zelaya, y el golpista Micheletti, parece echar por tierra buena parte de lo que el pueblo defendió en la calle durante más de cuatro meses. Es así, más allá de la alegría que puede producir ver a Zelaya entrar nuevamente en el lugar de donde lo arrojaron violentamente, y de un eventual reciclamiento de la Resistencia en frente electoral para los comicios del 29 de noviembre.

Prácticamente desde el comienzo del golpe fascista, quedó claro, y así lo expresaron mandatarios revolucionarios como Raúl Castro y Hugo Chávez, que detrás de los gorilas estaba el dueño del circo, es decir Estados Unidos. Ningún gobierno de facto hubiera aguantado tantos días sin que el Pentágono, la CIA y sus adláteres hubieran generado las condiciones para derrocar a un gobierno del ALBA (un acuerdo entre pueblos que duele a los gringos) y mantenerlo en el tiempo. Luego vinieron los auxiliares de esa estrategia: el siempre-listo presidente Óscar Arias, la imperial señora Hillary Clinton, el servicial míster Insulza con sus partenaires de la OEA, y en varias ocasiones el halcón de la política estadounidense en el continente, el Subsecretario de Estado, Thomas Shannon. Todos coincidían, y así lo expresaron en cuanta ocasión tuvieron, en que Zelaya debía aflojar en sus peticiones, dejarse de embromar con la convocatoria constituyente y pensar cuánto convenía (a los negociadores a la baja) la posibilidad de una reconciliación con los golpistas.

Frente a esos embates, que Zelaya parecía aguantar a pie firme (más allá de algunos titubeos circunstanciales), en las calles de Tegucigalpa y todo el país rugía la Resistencia. Ese fenómeno de pueblo alzado que sorprendió a propios y extraños por su unanimidad, por su contundencia y su persistencia. No hubo en estos cuatro meses un solo día en que los hombres, mujeres, jóvenes y niños y niñas de Honduras no se manifestaran contra el golpe. Pusieron el cuerpo a las balas, quebraron el estado de sitio, ganaron al toque de queda, dejaron muertos en el camino, pero no se amilanaron nunca. Ése fue el principal soporte que ha tenido Zelaya hasta el día de hoy. Y es bueno que lo entienda así, para pensar muy bien sus pasos futuros.

Indudablemente, estar encerrado en una embajada, aturdido por el ruido que provocan adrede los golpistas, pasando ciertas penurias (aunque jamás pueden compararse con las que sufre el pueblo pobre hondureño), quizás hayan influido negativamente en Zelaya y de allí a firmar un mal acuerdo hay un paso. Podría ser, decimos, pero no nos convence. Todo indica que quienes sí jugaron un papel fundamental en esto que huele a peligrosa resignación y que terminará seguramente con Zelaya en un gobierno compartido con quienes asesinaron a su pueblo, fueron el gringo Shannon y el perrito faldero de la OEA, el "bacheletista" Insulza, quienes forzaron la situación de tal manera para que el "legítimo" cediera a un pacto bochornoso. Los estrategas del pacto hablan de que a Honduras le sirve reconciliarse, pero enseguida surge el interrogante de qué se va a hacer con los asesinos de tantos hondureños y hondureñas, con los que fueron golpeados en las cárceles, con quienes han perdido su trabajo por manifestarse. Es evidente que en aras de un acuerdo no se puede borrar lo que ha ocurrido en estos cuatro meses de terror, y si así se hiciera, el edificio que se construya de aquí en adelante tendrá múltiples grietas.

Por otra parte, todo hacía pensar -y esto la Resistencia lo expuso mejor que nadie- que la gran trampa de esta lucha estaba en la convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre, ya que de celebrarse esos comicios, es probable que quienes mejor estarían preparados para obtener el triunfo son los partidos de derecha. Esas agrupaciones siguieron en campaña electoral todo este tiempo en que los zelayistas luchaban en las calles. El caso más notable es el del partido Nacional, de Porfirio Lobo, un pícaro pro golpista y ahora uno de los más convencidos de que la restauración de Zelaya en el gobierno -por unos pocos días- podría generar las condiciones para su triunfo. En ese mismo plan de elucubraciones para el futuro inmediato, podría surgir la pregunta de ¿por qué sería tan sencillo que el golpismo ahora ganara electoralmente, habiendo tanta población movilizada junto a Zelaya? Lo que ocurre es que una cosa es ganar la calle y sostener heroicamente una protesta, como en este caso, y otra muy distinta, tener aceitado el mecanismo de los partidos para vencer en una elección, precisamente en un terreno donde la derecha y los liberales suelen moverse como el pez en el agua. Sin embargo, en las filas de la Resistencia, hay muchos que piensan que el levantamiento popular tiene un innegable futuro político, que podría sintetizarse en sumar en una misma fórmula a César Ham, del izquierdista Partido Unificación Democrática y el independiente pro-Zelaya, Carlos H. Reyes, un hombre que estuvo al frente de varias movilizaciones en estos cuatro meses de lucha callejera.

Todo parece indicar que los estrategas de Washington han armado una trampa, con la excusa de brindar una solución “posible” al conflicto. Y en ello, consiste el empeñoso papel que han jugado los yanquis convenciendo a Zelaya de que ceda y también a Goriletti de que acepte un acuerdo que probablemente termine beneficiando a quienes no quieren que el pueblo gobierne. Por eso mismo en la firma del pacto figura con letra de molde la renuncia por parte de Zelaya a la bandera fundamental por la que se movilizó el pueblo hondureño, la convocatoria a una Asamblea Constituyente, plural e inclusiva.

Ahora habrá que ver cómo reacciona esa masa multicolor y valiente que es la Resistencia popular. Más allá del júbilo innegable que puede provocar ver a su querido presidente (de esto no hay dudas, ya que Zelaya es venerado por los más humildes) en el sillón presidencial del que fuera arrancado un nefasto 28 de junio, lo importante es que el pueblo no se deje arrebatar las reivindicaciones de autodeterminación y justicia social por las que tanto ha bregado. Como expresara en múltiples ocasiones el liderazgo de la Resistencia, representado por Juan Barahona, Berta Cáceres, Rafael Alegría y otros: "Nuestra lucha es por la Constituyente y por una Honduras que nos incluya a todos y todas, y esto se dará con Zelaya o sin Zelaya. Ya no tenemos retorno". De eso se trata ahora que soplan tiempos de acuerdos a la baja, precisamente de esto, de que no retorne la vieja política que sometió a la población hondureña en el hambre, la miseria, la represión y la dependencia de EE.UU. Pero por encima de esto, algo más importante todavía: se trata de que la política imperial no consiga una nueva estrella para su bandera de muerte en el continente, precisamente ahora que ha logrado imponer con argucias parecidas a las utilizadas en Honduras, siete nuevas bases en territorio colombiano.

Por Atilio A. Borón
Economista y periodista
Fuente: http://www.atilioboron.com


¿Se resolvió la crisis política en Honduras? Si bien se abrió una ventana de oportunidades todo parece indicar que no hay demasiado lugar para el optimismo. Conviene recordar lo que dijéramos en estas mismas columnas al producirse el golpe: que Micheletti sólo permanecería en el poder en la medida en que contara con el apoyo, activo o pasivo, de Washington. Cuatro meses demoró la Casa Blanca en comprender el alto costo que tenía sostener a un régimen golpista en la región. Acuciado por los diversos problemas que enfrenta en su política exterior -sobre todo por el rápido deterioro de la situación en Afganistán y Pakistán y el empantanamiento de sus tropas en Irak- Obama dio un golpe de timón que descolocó a su Secretaria de Estado Hillary Clinton, principal artífice del apoyo a los golpistas, y envió a Thomas Shannon a Tegucigalpa con el encargo de restaurar el orden en el convulsionado patio trasero. Poco después Micheletti archivaba sus bravuconadas y aceptaba mansamente lo que hasta entonces era inaceptable. Claro, poco antes Shannon había transmitido el terminante mandato imperial. Para dulcificar el mal rato hizo pública su admiración por los dos líderes de la democracia hondureña: el golpista y el destituido.

Zelaya propone un programa de tres puntos: restitución, amnistía y gobierno de reconciliación nacional. La primera deberá ser resuelta por el Congreso, el mismo organismo que convalidó con entusiasmo el golpe de estado y no ahorró insultos y calumnias en su contra. Habrá que ver, pero no será sencillo. Amnistía, ¿para quienes? ¿Para los funcionarios civiles y militares de un gobierno que violó los derechos humanos y conculcó todas las libertades? ¿O aceptaría Zelaya ser amnistiado por delitos que no cometió, como por ejemplo tener la osadía de pretender preguntarle a su pueblo si es que estaba de acuerdo con convocar a una asamblea constituyente? Y ni hablar de la tercera cláusula, íntimamente vinculada a la anterior. Porque, en las actuales condiciones, ¿un gobierno de reconciliación nacional no es acaso un pasaporte al olvido, a la desmemoria, a la impunidad?

Un somero balance de la crisis y su aparente resolución revela que los golpistas pueden sentirse satisfechos porque preservaron sus dos principales objetivos: destituir a Zelaya, aunque reasuma por unos pocos meses más hasta que finalice su mandato; y haber logrado el reconocimiento internacional de las viciadas elecciones del 29 de Noviembre, cosa que el propio Shannon se encargó de asegurar. A su vez la oligarquía hondureña se saca de encima el peligro de una escalada más agresiva de Estados Unidos contra sus propiedades y privilegios, cosa que podría haber ocurrido si no se producía un acuerdo. Un eventual control más pegajoso de Washington sobre sus activos y fondos en Estados Unidos le quitaba el sueño, y la intransigencia de Micheletti se convertía en una amenaza innecesaria a sus intereses.

Para Zelaya el balance resulta mucho más complejo, y es precisamente eso lo que ensombrece el panorama hondureño. Su restitución no remueve para nada las causas profundas que provocaron el golpe de estado. Además, en tal caso, ¿convalidaría sin más los resultados de unas elecciones plagadas de gravísimas irregularidades y cuya campaña se desenvolvió bajo el clima de violencia y terror impuesto por los golpistas? Micheletti ya está haciendo sonar los tambores de guerra. Apenas cerrado el acuerdo declaró a la CNN en Español que una vez restituido en el poder “Zelaya y la gente que le acompaña estamos seguros de que van a emprender una campaña de persecución. Sólo el que no conoce la actitud de Zelaya se cree que no habrá consecuencias.” ¿Cuál será la respuesta en caso de ser reinstalado en el gobierno: ¿Amnistiar a los golpistas, reconciliarse con ellos, abrazarse con Micheletti? Pero Zelaya está lejos de ser el único actor de este drama: ¿Como reaccionarían los heroicos militantes que arriesgaron sus vidas y su integridad física para defender al gobierno legítimo? Hay muchos muertos, y heridos; mucha cárcel y humillación de por medio: ¿aceptarán estas mujeres y hombres que ganaron las calles de Honduras el olvido de tantos crímenes y el perdón a sus victimarios? Además, si una lección extrajeron los movimientos sociales y las fuerzas populares durante estos cuatro meses de resistencia es que si se organizan y movilizan su gravitación en la coyuntura puede llegar a ser decisiva, mucho más de lo que antes se imaginaban. La crisis les enseñó, brutalmente, que pueden dejar de ser objetos de la historia para convertirse en sujetos y protagonistas de la misma. Y tal vez por eso, más allá de lo que ocurra con este acuerdo, decidan seguir avanzando en sus luchas por la construcción de una Honduras diferente, esa que no se consigue con injustas amnistías o espurias reconciliaciones.